El consentimiento no basta para justificar el cribado hormonal del Ejército

La libertad de aceptar un tratamiento es indispensable, pero no basta para justificar que el Estado promueva un cribado masivo. El programa hormonal anunciado por Pete Hegseth para el Ejército estadounidense debe examinarse con ese criterio: primero, la evidencia que respalda la intervención; después, las condiciones en las que cada militar puede decidir.

Hegseth anunció este verano un programa anual para detectar niveles bajos de testosterona a partir de los 30 años. Los soldados en esa situación serían candidatos a una terapia de reemplazo voluntaria. El responsable de Defensa vinculó la iniciativa con el propósito de aumentar la letalidad de las tropas y reforzar su masculinidad. Esa presentación mezcla un objetivo operativo con una intervención sanitaria cuya justificación exige argumentos médicos.

La Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos ha cuestionado la base científica del cribado masivo y ha advertido sobre falsos positivos y problemas de fertilidad asociados a estos tratamientos. La objeción merece una respuesta clínica, no una reafirmación de dureza. Un falso positivo importa porque pone en cuestión la identificación de quienes necesitan atención; el riesgo para la fertilidad afecta a decisiones personales que no pertenecen al mando militar.

Conviene también respetar una diferencia esencial: una terapia voluntaria no equivale a una medicación forzosa. Criticar el programa como si ambas cosas fueran iguales debilitaría el argumento. Pero reconocer esa voluntariedad tampoco exime a Defensa de justificar por qué propone el examen ni de explicar los riesgos y beneficios del tratamiento.

En una institución jerárquica, preservar la decisión individual requiere separar con claridad la recomendación médica de los juicios sobre el valor del soldado. Presentar la masculinidad como objetivo del programa dificulta esa separación conceptual: rechazar una terapia no debería interpretarse como falta de compromiso profesional. Es una exigencia de autonomía, no una impugnación de la disciplina militar.

La rendición de cuentas consiste aquí en pedir a Hegseth razones verificables para el cribado y garantías para quienes deban decidir sobre el tratamiento. La capacidad de un ejército es un objetivo legítimo; convertirla en argumento sanitario sin responder a las objeciones científicas no lo es.

Fuente: elmundo.es · leer el original