Vox, el parentesco no basta
La limpieza del censo no autoriza a suspender derechos individuales por una supuesta simetría familiar.
Vox e Iustitia Europa se equivocan gravemente al pedir que la suspensión cautelar del voto de unos nacionalizados se extienda a sus hijos adultos. Los derechos no se suspenden por arrastre familiar. Proteger la limpieza electoral no autoriza a tratar como jurídicamente idénticas situaciones que requieren su propio examen. Más excluidos no significa más garantías. La firmeza consiste en aplicar la ley, no en ampliar preventivamente el grupo de excluidos.
El Supremo rechazó extender la suspensión a los 189.678 hijos mayores de edad de personas nacionalizadas por la llamada Ley de Nietos y abrió un trámite de alegaciones sobre el recurso de Iustitia Europa ante las elecciones generales. La formación pide suspender su sufragio mientras se realizan comprobaciones individuales y permitir votar a quienes acrediten los requisitos: sostiene que ese derecho deriva del de los progenitores afectados. La magistrada Alicia Millán señala en su voto concurrente que los hijos adquirieron la nacionalidad mediante una disposición no cuestionada en este procedimiento. La cautelar sobre los padres, basada en indicios de acceso presuntamente contrario a la normativa, sigue vigente.
La distinción desarma la supuesta contradicción familiar. No hay incoherencia en distinguir. El vínculo con la nacionalidad de los progenitores no convierte todas las vías de adquisición en una sola. Impugnar una no permite dar por impugnadas las demás. La filiación no sustituye al expediente. La petición ofrece una simetría cómoda para el discurso político a costa de borrar la diferencia jurídica que permite justificar —o descartar— una restricción.
Una cautelar también necesita límites. El riesgo de admitir votos que después resulten indebidos merece atención; el de impedir votos legítimos, también. Excluir también puede alterar el resultado. Celebradas las elecciones, recuperar formalmente el derecho no devuelve la oportunidad de ejercerlo. Una suspensión general produce así un perjuicio propio sobre personas cuya situación aún está por comprobar. Llamarla provisional no vuelve provisional el voto perdido.
Ofrecer después una puerta para acreditar los requisitos no arregla ese diseño. Primero, retirar el derecho; después, ofrecer recuperarlo. Una garantía al revés. Comprobar los expedientes es tarea de la Administración; trasladar esa urgencia al elector no refuerza la seguridad jurídica. Votar no es una concesión. El ciudadano conserva un derecho reconocido, no una autorización pendiente de que consiga despejar a tiempo las dudas administrativas.
El Supremo acierta al frenar esa extensión automática. Controlar al Gobierno y proteger al elector son tareas compatibles; sacrificar la segunda no vuelve más rigurosa la primera. Vox e Iustitia Europa pueden reclamar rigor al poder, pero ese mismo rigor limita sus peticiones contra el ciudadano. El control judicial merece respaldo también cuando desbarata una petición de la oposición. La sospecha no se hereda.
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NoticiaEl Supremo abrió cinco días de alegaciones sobre el voto de 189.678 hijos de nacionalizadosCómo se elaboró esta pieza
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