García predica a oscuras

Mónica García predica transparencia y administra oscuridad. Reprochar opacidad a las autonomías del PP mientras siguen sin publicarse los indicadores de espera del primer semestre no es rigor: es una doble vara. Su reforma tampoco gana solvencia con un borrador sin terminar, cuyas lagunas cuestionan incluso las comunidades que la respaldan. La contradicción no desaparece al señalar a otros: quien mantiene sus cifras a oscuras no puede repartir certificados de claridad.

El rechazo de Castilla-La Mancha rompe la cómoda postal de una ministra enfrentada solo a la derecha. Convertir esa discrepancia en irresponsabilidad no refuta una sola objeción al proyecto. García puede defender su criterio; presentar la adhesión como prueba de responsabilidad es otra cosa. La reforma no se vuelve más sólida a fuerza de descalificar las reservas que suscita. Un ministerio coordina instituciones; no pasa lista de lealtades.

Tampoco los técnicos son un salvoconducto para el cargo. Su trabajo merece rigor, no una vitrina que lo proteja del examen. Si la norma afecta a la calidad de la información sanitaria, señalar sus lagunas es control, no desprecio profesional. Invocar a quienes la elaboran para blindar a quien la presenta confunde autoridad técnica y autoridad política. La primera no pertenece a García ni sirve para poner la segunda a salvo.

Un decreto no abre una consulta. Medir bien permite comparar demoras; sin una regla común, la comparación puede engañar. Pero mejorar un registro no equivale a mejorar la atención, como cambiar el termómetro no baja la fiebre. El paciente necesita saber cuánto espera y por qué, no confundir una herramienta estadística con una victoria sanitaria. Vender el envoltorio antes de tener el producto no acorta la distancia entre el dato y la consulta.

La información homogénea merece respaldo precisamente porque incomoda al poder: permite juzgar resultados sin pasar por el filtro de la propaganda. Ahí está su valor liberal, no en ensanchar la autoridad del Ministerio sobre las autonomías. Se trata de reducir la ventaja de cualquier administración frente al ciudadano desinformado. Ninguna comunidad queda dispensada de ese escrutinio. Los datos pertenecen al ciudadano, no al gabinete.

Lo que se deteriora con esta doble vara no es solo el prestigio de García, sino la confianza del paciente. Tratar las objeciones como agravios políticos invita a desconfiar de quien administra la información sanitaria. La firmeza no consiste en encontrar a quién acusar, ni un tropiezo de gestión se convierte en acierto porque se presente como combate político. Señalar no es alumbrar.