Sumar receta una compra

La nacionalización que Verónica Martínez Barbero plantea tras la dimisión de Óscar Puente por el accidente de Urda ofrece otro propietario, no una respuesta al fallo de supervisión. Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria recibieron doce advertencias escritas sobre fatiga, sobrecarga y falta de relevos entre Adamuz y Urda. Los escritos sindicales no prueban la causa del choque, pero impiden presentar ese riesgo como una sorpresa. La objeción a Sumar está ahí: la información ya llegaba a quienes administraban la circulación y vigilaban la seguridad. Cambiar la propiedad no explica qué tratamiento recibió.

Puente vinculó el aumento de partes de incidencia de los maquinistas al estado de ánimo del colectivo; Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, habló de exceso de celo. La fatiga, convertida en cuestión de humor; la insistencia, en defecto profesional. La alerta no se refuta juzgando al mensajero. Si advertir expone al trabajador a que se desacredite su criterio, callar puede resultar menos costoso. Un nuevo accionista no elimina ese incentivo. Puede heredarlo entero.

Con más operadores públicos, la independencia del supervisor gana importancia, no queda resuelta. El Gobierno de Sánchez tendría más actividad bajo su propiedad; de ahí no sale un regulador más capaz de imponer correcciones incómodas. Compartir propietario no mejora la vigilancia. La prueba de autoridad llega al contrariar el interés de quien manda. Si la ampliación patrimonial deja intacta esa capacidad, Sumar habrá agrandado el campo de supervisión sin demostrar que refuerza al supervisor. Más intereses públicos bajo vigilancia hacen más relevante esa separación, no menos.

Comprar operadores consume recursos; prevenir riesgos también. La propuesta de Barbero no puede dar por equivalentes ambos destinos del dinero. La adquisición modifica el patrimonio público, mientras la prevención se acredita en las barreras que introduce frente al peligro. Confundir ambas operaciones permite exhibir una expansión empresarial como si fuera una mejora del servicio. El tamaño del balance puede crecer sin que cambie el tratamiento de una sola advertencia. Esa diferencia arruina la supuesta evidencia del remedio.

La libertad de elegir operador tampoco es un sobrante del sistema. Su pérdida añade un coste que invocar la seguridad no borra. La nacionalización también pasa examen; no lo sustituye. A Barbero le falta el vínculo entre el cambio de dueño y una protección que no pudiera lograrse sin él. Sin ese vínculo, presentar la compra como reparación concede al estatismo lo que se niega a cualquier solución seria: quedar a salvo de demostrar su utilidad.

La seguridad no viene en la escritura de compra.