Sánchez, transparencia de escaparate

La transparencia de Sánchez se detiene ante el carné del PSOE. No hay nada censurable en que un militante defienda sus ideas. Lo censurable es que cargos socialistas aparezcan como comunicadores de actualidad sin identificar en esos vídeos su vinculación política. El formato juvenil no borra esa condición ni convierte en irrelevante una credencial que permite valorar el mensaje. El partido forma parte del contexto, aunque quede fuera del encuadre.

En el caso de Antoni Benito, miembro de la ejecutiva del PSPV y asesor de la ministra Diana Morant remunerado con fondos públicos, la omisión pesa más que cualquier envoltorio moderno. Su sueldo no limita su libertad de expresión; su responsabilidad pública tampoco se evapora al intervenir en un vídeo. Puede defender a su ministra. Presentar esa defensa sin identificar sus cargos priva al ciudadano de un dato relevante para juzgarla.

El contraste con las reformas del Gobierno sobre gobernanza digital y ordenación del sector informativo resulta demoledor para su credibilidad. Regular a los demás no acredita la transparencia propia. Redactar obligaciones para terceros no remedia la incoherencia de quienes las impulsan. Si la claridad justifica la intervención sobre el sector, no puede volverse un detalle prescindible cuando el comunicador pertenece al partido del presidente. La vara pierde autoridad cuando cambia de longitud.

La frontera liberal está precisamente ahí: el debate público pertenece a los ciudadanos, no al Ejecutivo. La función del poder no incluye repartir certificados de respetabilidad entre voces afines y adversarias. Conocer quién habla permite contrastar; recibir una tutela política sobre quién merece confianza sustituye el juicio del ciudadano. La responsabilidad institucional y la promoción partidista no son intercambiables. Menos aún cuando el Gobierno pretende impartir lecciones sobre claridad informativa.

Que los datos puedan ser ciertos tampoco resuelve nada. Una afirmación verdadera y una presentación transparente son cosas distintas: acertar en el argumento no identifica a quien lo sostiene. Aquí no se reclama una confesión ideológica a cualquier ciudadano, sino la identificación de responsabilidades orgánicas y cargos públicos. Convertir esa distinción en una persecución de opiniones solo serviría para esquivar el asunto. El derecho a hablar no vuelve irrelevante desde dónde se habla.

El PSOE tiene pleno derecho a persuadir y disputar cada argumento. Lo que esos vídeos ofrecen es propaganda deficientemente identificada bajo una presentación informativa. Esa es la medida de sus lecciones: el rigor proclamado para el sector informativo se vuelve indulgencia ante la comunicación propia.

La transparencia con excepción de partido se llama opacidad.