Sánchez, sin inmunidad política

La presunción de inocencia no blinda políticamente a Sánchez. La transferencia de 300.000 euros documentada por la UCO a una sociedad de Víctor de Aldama desde una firma vinculada a un financiero del entorno de Delcy Rodríguez no es una sentencia, pero tampoco un detalle contable. Aldama afirma que entregó la mayor parte a José Luis Ábalos. Lo documentado es el ingreso en su empresa, no esa entrega ni la financiación del PSOE: la gravedad del caso no autoriza a inventar pruebas.

Una sentencia determina delitos y culpables; la confianza política no espera turno en el juzgado. Atribuir a Sánchez una culpa penal por asociación sería falsear ese límite. Convertirlo en una barrera contra el juicio ciudadano sería falsearlo también. El PSOE no es una organización ajena a quien lo dirige. El liderazgo sirve para exhibir victorias, pero no caduca cuando la credibilidad del partido se deteriora.

Las urnas cuentan votos; no lavan fondos. La financiación de un partido afecta a la igualdad electoral y a la libertad del ciudadano, no solo a la tranquilidad de sus tesoreros. Si entra dinero ilegal, la ventaja no termina en una cuenta: alcanza la competición por el poder. No es una anomalía doméstica, sino una quiebra de la relación entre representación y ciudadanía.

Las pesquisas sobre posibles aportaciones al PSOE de constructoras que obtenían contratos presuntamente amañados en Transportes sitúan el riesgo donde más duele: en el dinero del contribuyente. Un ministerio no es una caja del partido ni el contrato público una propiedad del ministro. Cuando la cercanía al poder sustituye a la competencia, el empresario honrado pierde y el Estado deja de garantizar reglas comunes para repartir ventajas. Esa factura no es un asunto interno del PSOE.

La UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el juez no compiten en las elecciones. Su independencia protege también al votante socialista: el valor de una investigación no depende de su rentabilidad electoral. Ningún partido puede fiscalizarse a sí mismo y presentar el resultado como garantía suficiente. La reputación del Gobierno no está por encima del escrutinio judicial. Defender la democracia consiste en preservar esos controles, no en proteger de sus consecuencias a quien gobierna.

Sánchez puede defender su gestión y el PSOE rebatir las acusaciones con argumentos y pruebas. Ese derecho no incluye congelar el juicio ciudadano hasta que termine el procedimiento. Ocupar el poder no convierte la confianza en una propiedad ni la responsabilidad política en un trámite aplazable. La Moncloa no es una coartada.