Agua presa del trámite

Más financiación no arregla una Administración que impide invertir. La advertencia de Manuel Menéndez, consejero de Typsa, golpea la coartada presupuestaria: los obstáculos administrativos, regulatorios y de gobernanza impedirían materializar las inversiones incluso con financiación ilimitada. Si ni todo el dinero bastaría, discutir únicamente cuánto falta equivale a esquivar el bloqueo. El problema no desaparece engordando una partida. Una Administración incapaz de ejecutar puede acabar administrando un presupuesto mayor y exactamente la misma impotencia.

Con un 39% de la financiación de los planes hídricos asignado a la Administración General del Estado y un 47% a las comunidades autónomas, el reparto permite identificar responsabilidades, no repartir excusas. Sánchez responde por la parte estatal y por la política de su Ejecutivo. La coordinación vale por los obstáculos que elimina; si añade interlocutores sin destrabar inversiones, se limita a organizar el atasco. Más administraciones alrededor de una obra no significan más capacidad para sacarla adelante.

La petición de subidas escalonadas de las gestoras tiene una justificación atendible —según su diagnóstico, las tarifas no cubren amortización, renovación y nuevas infraestructuras—, pero no legitima trasladar cualquier ineficacia al recibo. Reconocer los costes del agua no significa santificar los costes de gestionarla mal. La tarifa no puede ser el salvavidas de la burocracia. Sin separar ambas cosas, la financiación del servicio acaba confundida con la financiación de sus trabas.

Tampoco basta con invocar la competencia empresarial. Una empresa puede aportar capacidad de ejecución; no puede sustituir las decisiones que retiene la Administración. Las reglas previsibles permiten competir por hacerlo mejor. La ventanilla inmóvil deja esa capacidad a la espera. Retirar barreras inútiles no equivale a regalar favores: significa dejar de paralizar la inversión que se reclama. El capital no atraviesa un bloqueo regulatorio por recibir una invitación más solemne.

El control público pierde su justificación cuando obstruye lo que pretende garantizar. Proteger al usuario y vigilar el cumplimiento no obliga a conservar cada trámite como una pieza sagrada. El rigor está en unas condiciones claras y en las consecuencias verificables de incumplir los contratos. Acumular controles que bloqueen las inversiones no refuerza esa protección: la vuelve contra el servicio. También una barrera administrativa merece un examen de utilidad.

Quien dispone de menos margen económico soporta peor una avería o una factura creciente. Precisamente por eso, defender al consumidor no consiste en prometer agua sin costes ni en presentar todos los costes como inevitables. Entre esconder la factura y bendecirla entera hay una distinción decisiva: financiar lo que sostiene el servicio y eliminar lo que lo entorpece.

La ineficacia no merece una tarifa.