Puente también responde

Un operario no absuelve políticamente a Óscar Puente. Tras la colisión entre un AVE y un Iryo en Urda, Toledo, con al menos 68 muertos en el balance provisional, la discusión no acaba en un puesto de mando. El Gobierno de Sánchez no puede reclamar autoridad sobre el ferrocarril y tratar su seguridad como un asunto ajeno cuando llega la catástrofe. La cima del organigrama no es un palco para los días buenos.

Si, como sostiene Puente, se autorizó al AVE a reanudar la marcha sin restablecer el LZB, contra los protocolos, señalar esa decisión no cierra el caso. Los expertos de Adif plantean que una orden equivocada no basta para explicar el choque: las protecciones de emergencia tendrían que haberlo impedido. La seguridad existe para que un error no sea una condena. Identificar al autor de una equivocación no explica por qué esta pudo desembocar en una catástrofe.

La investigación sigue abierta y una hipótesis técnica no acredita por sí sola una negligencia. El trabajador merece presunción de inocencia, no una condena anticipada; la justicia, independencia, no culpables prefabricados. Nada de eso deja al Gobierno al margen del juicio político hasta una sentencia. Confundir ambos planos permite conservar todo el poder y aplazar toda rendición de cuentas. La independencia judicial no es una prórroga para el ministro.

El dinero del contribuyente paga un servicio, no la inmunidad del gestor. Una infraestructura pública se justifica por cómo funciona, no por el volumen de su presupuesto ni por la solemnidad de sus anuncios. Un Estado limitado y eficaz protege al ciudadano en lo que administra. Cuando falla esa función, presumir de inversión es confundir una factura con una garantía.

El duelo no es una tregua obligatoria para el poder. Acompañar a las familias y examinar la gestión son tareas compatibles. Convertir el respeto a los muertos en una descalificación de toda crítica sería apropiarse de su dolor. Las víctimas no pertenecen a ningún relato gubernamental. Su dignidad se protege con ayuda y verdad, no blindando un despacho.

Sánchez no puede reducir la continuidad de Puente a la solidaridad de gabinete. Mantenerlo sería políticamente indefendible si la respuesta consiste en colocar toda responsabilidad por debajo del ministro. No hacen falta culpables penales inventados para juzgar con dureza una gestión. Quien conserva la autoridad conserva también la obligación de responder por ella. El cargo no es un escondite.