Moncloa no es del PSOE

Gobernar no convierte el Estado en patrimonio de partido. El expediente abierto por la Junta Electoral Central a Sánchez por el presunto uso partidista de su comparecencia sobre vivienda en Moncloa, junto con la orden de retirarla de los canales oficiales, señala algo más serio que un exceso de micrófono. La autoridad de la Presidencia no es un recurso electoral del presidente. Ganar unas elecciones permite gobernar, no disponer de lo común para preparar las siguientes. La sede del Gobierno no cambia de dueño con cada victoria.

Con las anteriores sanciones por intervenciones en Moncloa y tras un Consejo Europeo, el límite no puede presentarse como una novedad. La frontera estaba señalada. Reducir ahora la cuestión a la eventual cuantía de una multa convertiría la neutralidad institucional en una tarifa: se paga y se sigue. Bonita manera de rebajar la Presidencia a gasto de campaña. La autoridad del cargo multiplica la responsabilidad de quien lo ocupa; no le proporciona una excusa para saltarse las reglas.

El contribuyente no es el patrocinador forzoso del candidato. Los recursos públicos pertenecen también a quienes rechazan al Gobierno, no votan al PSOE o prefieren no votar. Si se acredita su utilización partidista, no estaríamos ante una travesura comunicativa, sino ante una obligación común puesta al servicio de una preferencia particular. La desigualdad resulta evidente: unos competirían contra el poder mientras contribuyen a financiar su ventaja. Eso no fortalece la libertad política; la vacía por dentro.

El expediente aún no es una sanción. Y que la JEC haya descartado abrir otro por las declaraciones de Sánchez en Bruselas, al no encontrar elementos suficientes, importa precisamente porque el control distingue entre actuaciones. No todo vale contra el presidente; tampoco todo le vale al presidente. La neutralidad no es censura: es un límite al poder. El árbitro electoral preserva reglas comunes, no la comodidad del gobernante. Confundir fiscalización con persecución dejaría la ventaja institucional sin contrapeso.

La vivienda tampoco blanquea la confusión. La importancia de un problema para las familias no convierte cualquier uso de su anuncio en aceptable. Al contrario: cuanto más pesa la vivienda en la vida de los ciudadanos, menos justificación tiene mezclar su tratamiento institucional con la promoción electoral. Una decisión del Gobierno y una campaña del PSOE no son productos intercambiables. Moncloa no puede funcionar como el punto donde ambos pierden la etiqueta y el contribuyente conserva la factura.

Sánchez responde políticamente por esa frontera, no solo por sus anuncios ni por el desenlace del expediente. La Presidencia se ejerce. La campaña se paga aparte.