La coartada del PSOE

El secreto profesional no es una patente de excepción. Invocarlo genéricamente cuando el requerimiento ya excluye los contenidos protegidos no refuerza las garantías: las usa como parapeto. El PSOE plantea un dilema que el propio requerimiento descarta: obedecer al juez o entregar confidencias. Nadie discute aquí la protección del asesoramiento jurídico. Lo discutible es estirarla hasta cubrir indiscriminadamente toda la documentación solicitada. La defensa merece garantías; el partido no merece un régimen aparte.

Los quince días que Santiago Pedraz ha dado al PSOE para entregar la relación de abogados, despachos y consultorías legales contratados entre 2021 y 2025 no abren una negociación política. El requerimiento se inscribe en una investigación sobre presuntas maniobras para desbaratar causas judiciales contra el partido: precisamente por eso importa separar la defensa legítima del intento de neutralizar el control. Las obligaciones judiciales no cambian con el peso del requerido.

Pedraz ha rechazado que la consulta al Consejo General de la Abogacía suspenda el requerimiento: pedir criterio fuera del juzgado no entrega al partido las llaves del procedimiento. El controlado no fija el calendario del control. Si una consulta externa bastara para paralizar una resolución, la autoridad del juez quedaría a disposición de su destinatario. El procedimiento seguiría llamándose judicial, pero su eficacia dependería de quien recibe la orden.

Reclamar autoridad para el Gobierno y tratar la del juez como aplazable es llevar una doble contabilidad institucional. Sánchez no puede sostener ambas cosas sin erosionar su credibilidad. Al ciudadano se le reclama diligencia ante la Administración; el partido que sostiene al Ejecutivo no tiene una ventanilla especial para reservarse sus tiempos. La igualdad no consiste en recortar derechos a los socialistas, sino en negarles escapatorias por su posición política.

Esta censura política no anticipa una condena. Confundir ambos planos sería tan tramposo como convertir la presunción de inocencia en inmunidad frente a la crítica. Solo las pruebas, dentro de los límites legales, permitirán establecer las conclusiones de la investigación. Aquí se juzga políticamente la resistencia al requerimiento, no la culpabilidad por delitos pendientes de esclarecer. Las sospechas no acreditan delitos; las garantías tampoco borran las decisiones procesales del partido.

Ese límite no es una victoria de los adversarios electorales del PSOE. Es una garantía para el ciudadano frente a quienes gobiernan. Ninguna mayoría convierte el control judicial en una cortesía. La libertad pierde cuando el poder decide qué obligaciones le resultan cómodas. El juez no pide permiso al partido.