El millón de cartón

Sánchez presume de un millón que su propio Gobierno desmiente. Entre junio de 2018 y junio de 2026, Vivienda registra 726.126 viviendas terminadas. La distancia no es un matiz: es el agujero del escaparate presidencial. Si la cifra principal no resiste la consulta de la estadística oficial, el balance no acredita una gestión; exhibe la facilidad de anunciarla a lo grande. El presidente puede redondear su discurso, pero no el periodo por el que responde.

Para alcanzar el millón hay que retroceder hasta 2013 y sumar buena parte del mandato de Mariano Rajoy. Qué cómoda resulta la herencia del adversario cuando sirve para engordar el balance propio. El calendario se convierte así en otra pieza del decorado: empieza donde aparece el número más vistoso, no donde comenzó el mandato. Un presidente no gana credibilidad incorporando a su cuenta viviendas de años en los que no gobernaba.

En vivienda protegida, el escaparate también se descuadra: el 13% del millón invocado equivaldría a 130.000 inmuebles, frente a los 88.697 registrados en ese periodo. El adjetivo social no vuelve más rigurosa una cifra ni convierte construcción en asequibilidad. Hablar de acceso a la vivienda mientras falla la medida del balance agrava el problema de credibilidad. La importancia de esa necesidad no concede una licencia para la imprecisión; vuelve más difícil disculparla.

El Estado no es dueño del esfuerzo ajeno. Ni siquiera una cuenta correcta permitiría presentar toda vivienda terminada como una concesión presidencial. Promotores, trabajadores y compradores no son figurantes en la puesta en escena del Gobierno. Una sociedad que invierte y construye no trabaja para adornar el balance del poder. La cuestión liberal es qué facilita la Administración y qué obstaculiza, no cuánto protagonismo consigue atribuirse el presidente al anunciar lo que otros han levantado.

El Ministerio de Vivienda no es la oficina de ventas del candidato socialista. Sus estadísticas pertenecen a los ciudadanos, no al relato del PSOE. Una Administración limitada y eficaz pone la realidad al alcance de quien fiscaliza al poder, aunque esa realidad incomode a quien manda. Reclamar confianza institucional mientras se ofrece un balance incompatible con la propia estadística es pedir que la lealtad a las instituciones consista en dejar de leerlas.

El autobombo tiene, además, un coste político: desplaza a quien quiere emanciparse, formar una familia o elegir dónde vivir. Ninguna de esas libertades mejora porque el discurso alcance una cifra redonda. Ese es el contraste que el triunfalismo no borra: un balance preparado para la ovación frente a unas vidas que no se resuelven con aplausos. Sánchez responde por su gestión, no por la sonoridad de su eslogan. La propaganda no entrega llaves.