El listón de Redondo: sobrevivir

Ana Redondo rebaja intolerablemente la protección de las mujeres cuando utiliza la ausencia de asesinatos para defender la gestión de las pulseras antimaltrato. Su defensa reduce a problemas técnicos puntuales unos fallos que impidieron utilizar registros de ubicación en procedimientos judiciales. Sobrevivir no es toda la protección. El Estado responde también por conservar las pruebas que permiten aplicar las órdenes de alejamiento con garantías.

La UCO ha requerido documentación en Igualdad y en el Tribunal de Cuentas dentro de una investigación de la Fiscalía Europea por presunto fraude con fondos europeos destinados a adquirir estos dispositivos. La memoria de la Fiscalía había revelado que, tras cambiar la empresa gestora, durante meses no se pudo acceder a datos históricos de ubicación. La falta de pruebas GPS fiables derivó en sobreseimientos provisionales y absoluciones por quebrantamientos de órdenes de alejamiento. La Fiscalía advirtió de posible desprotección. Redondo y su ministerio negaron que la seguridad estuviera comprometida, hablaron de problemas puntuales de migración y destacaron que no hubo asesinatos de portadoras del dispositivo en 2023 y 2024.

El listón está por los suelos. Un sistema destinado a controlar órdenes judiciales también sirve para acreditar sus incumplimientos. Si esa función falla, falla una parte de la protección, aunque no llegue el desenlace más terrible. La ausencia de una muerte no reconstruye un registro inaccesible ni aporta las pruebas que faltan. Redondo esgrime lo que no ocurrió para empequeñecer lo que sí falló.

El perjuicio judicial tampoco autoriza atajos. Los jueces no reparan expedientes con indignación. Absolver cuando faltan pruebas protege la presunción de inocencia; no certifica la calidad del servicio contratado. La propaganda no puede declarar como testigo. Proteger a las víctimas y respetar los derechos del investigado no son objetivos rivales: ambos necesitan registros fiables. La deficiencia administrativa no se corrige rebajando las garantías procesales.

La investigación económica abre un examen distinto. El presunto fraude tendrá que acreditarse: pedir documentación no prueba una apropiación ni permite atribuírsela a Redondo. El control externo merece respaldo precisamente porque separa la finalidad del gasto de la forma de administrarlo. Cuanto más delicado es el servicio, menos tolerable resulta presentar su finalidad como garantía de buena gestión. Una causa noble no audita sus contratos.

Redondo no puede escoger el indicador más cómodo y descartar el perjuicio judicial. Reducir el examen al desenlace extremo permite minimizar cualquier fallo anterior. La protección también consiste en que una orden de alejamiento pueda hacerse valer ante un juez. Ese fracaso no desaparece del balance porque la ministra prefiera hablar de otro resultado. No morir no basta.