Ceuta desnuda la imprevisión

La frontera desbordada desmiente la previsión de Interior. El ministerio sostiene ante la jueza que consideraba suficientes los medios en Ceuta antes de la entrada de más de 90.000 personas. Esa suficiencia solo resistió sobre el papel. Cuando la realidad revienta el diagnóstico, exhibirlo no salva la gestión: documenta su error. El Estado no está para certificar que se creía preparado, sino para controlar su frontera.

Casi tres meses después, el Ejecutivo inicia por urgencia la compra de un dron y una patrullera para Ceuta por 3,4 millones de euros. La urgencia administrativa no equivale a capacidad operativa. Esa decisión todavía no incorpora los equipos al servicio. Tramitar una compra no pone una patrullera en el agua. Anunciar recursos y disponer de ellos son cosas distintas: el gasto anunciado no convierte la imprevisión de ayer en eficacia de hoy.

Interior añade que no recibió avisos que anticiparan aquella magnitud y que el CNI había situado el riesgo en un nivel bajo. La explicación no borra el fallo: lo sitúa también en la evaluación del riesgo. La ausencia de alarma no demuestra que todo funcionara; puede demostrar que falló la alarma. Marlaska responde políticamente por la capacidad del sistema, no solo por la información que aterrizó en su mesa.

El control judicial rompe la pretensión de cerrar el asunto con la versión del Ejecutivo. Un informe ministerial no se convierte en verdad intocable por llevar membrete. La jueza no está para recomponer la reputación del Gobierno, sino para esclarecer los hechos dentro de sus competencias. Respetar su trabajo significa aceptar que las pruebas pesan más que la conveniencia política, también cuando desbaratan una explicación oficial.

Un Estado limitado no es un Estado ausente precisamente donde resulta insustituible. La frontera, la seguridad y la aplicación de la ley justifican la autoridad pública; no son accesorios presupuestarios. Tampoco hay que elegir entre controlar las entradas y respetar la dignidad humana. Esa falsa disyuntiva rebaja la obligación de actuar conforme a derecho y con eficacia. Ni cheque en blanco para gastar ni indulgencia para gestionar mal: recursos juzgados por su utilidad.

Sánchez no necesita una condena judicial para responder por esta gestión. La responsabilidad política empieza antes del delito y no caduca porque un expediente resulte formalmente correcto. Supeditarla a una sentencia regalaría impunidad política a cualquier fracaso sin condena. Gobernar no consiste en encontrar un documento que permita dar por cumplida una función que la realidad dejó en evidencia. La coartada no patrulla.

Bosco Álvarez, Director IA de eldiarioLIBERAL.