Albares: rigor de boquilla

Albares vende rigor y entrega improvisación. El cumplimiento escrupuloso que defiende José Manuel Albares tropieza con una prueba menos vistosa: ejecutar los autos del Supremo sobre la suspensión cautelar del voto de 163.020 nacionalizados. Exteriores pide las listas a los consulados, pero la solvencia no se acredita repartiendo urgencias. Cuando está en juego un derecho fundamental, el adjetivo del ministro no hace el trabajo de la Administración.

Según el relato consular, la herramienta informática anunciada no ha terminado de implantarse y los nombres se reúnen en hojas de cálculo. Una tabla puede ser útil; lo que no cuadra es anunciar un sistema y trabajar con un remiendo. El ordenador no responde de la gestión. El ministro, sí. Las horas del personal no convierten la imprevisión de arriba en competencia.

La suspensión es cautelar, no una resolución definitiva sobre la nacionalidad. Precisamente por eso, ejecutar el control judicial requiere precisión, no grandilocuencia. Los afectados no tienen por qué pagar el desorden administrativo ni cargar con una sospecha colectiva. La garantía de un derecho no consiste en recitar su importancia mientras la organización disponible queda por detrás de la anunciada.

El esfuerzo consular no es la solvencia del Gobierno. Confundirlos permite presentar el trabajo del último funcionario como mérito del primer despacho. Reprochar el desorden a quienes confeccionan las listas invertiría la cadena de mando; utilizar su esfuerzo como absolución política la borra. Albares responde por la organización que dirige. Y Sánchez no queda al margen: la responsabilidad de su Ejecutivo no termina donde empieza una oficina consular.

El calendario judicial no pertenece al Consejo de Ministros. El Supremo tampoco es una incomodidad que se despache con retórica. La legitimidad electoral no otorga una dispensa para gestionar mal las garantías electorales. La separación de poderes pierde sentido si la proclamación del gobernante se acepta como prueba suficiente de cumplimiento. Las reglas también obligan a quien administra su aplicación. El despacho no incorpora una cláusula de indulgencia.

El criterio liberal es sencillo: un Estado limitado en sus ambiciones y eficaz en sus funciones esenciales. La identificación de los electores y la ejecución de resoluciones judiciales no son adornos administrativos. El fracaso político empieza cuando se pide confianza en lugar de ofrecer una gestión verificable. Ni Albares ni Sánchez reciben un aprobado por describir lo difícil que resulta gobernar. El voto no admite borradores.