Defender las pensiones no da al Gobierno la propiedad del voto

Recibir una prestación pública no crea una deuda política con el Gobierno que la administra. Esa distinción debería presidir la campaña: los ciudadanos pueden defender sus pensiones, sus becas o sus ayudas y, al mismo tiempo, exigir responsabilidades a quienes gestionan el dinero público. No son posiciones incompatibles.

Javier Benegas sostiene en su análisis de la estrategia socialista que el PSOE está utilizando el empleo, las pensiones y las becas para amortiguar su desgaste. Según su interpretación, la campaña presenta el cambio de Gobierno como un riesgo para determinados ingresos y servicios. El problema democrático de ese argumento no está en hablar de protección social, sino en convertir al administrador en supuesto propietario de lo administrado.

Un partido tiene derecho a reivindicar sus decisiones y a explicar qué prestaciones mantendría o modificaría. También puede cuestionar las propuestas de sus adversarios. Pero advertir de un perjuicio exige identificar la medida que lo causaría: qué cambio se propone, a quién afectaría y con qué consecuencias. La mera posibilidad de una alternancia no sustituye esa explicación.

La misma exigencia alcanza a la oposición. Negar que las prestaciones pertenezcan al PSOE no basta para ofrecer seguridad a sus perceptores. Quien aspire a gobernar debe explicar sus prioridades y cómo piensa financiarlas. El ciudadano necesita poder comparar compromisos, no escoger entre una advertencia de peligro y una promesa sin contenido.

Tampoco sería razonable describir a quienes reciben ayudas como un electorado cautivo. Preocuparse por unos ingresos necesarios es legítimo. Lo discutible es pedir que esa preocupación desplace cualquier examen de la gestión o convierta la crítica al Gobierno en una amenaza contra el beneficiario.

Separar ambas cuestiones mejora la rendición de cuentas. Una política social puede merecer continuidad aunque sus responsables deban responder por otras actuaciones; respaldar esa política no obliga a concederles una absolución electoral.

La alternativa a utilizar las prestaciones como vínculo de lealtad partidista es someterlas a una discusión verificable sobre recursos, prioridades y garantías. Defender el Estado de bienestar debería ampliar la capacidad de elección del ciudadano, no presentarle su voto como el pago de una deuda.

Fuente: Libertad Digital · leer el original