Decae la reforma de los secretos oficiales tras más de un año en plazo de enmiendas
La disolución de las Cortes deja sin culminar el proyecto que debía sustituir la ley de 1968. Los historiadores reclaman facilitar el acceso a los documentos clasificados y acompañarlo de su digitalización y ordenación.
El proyecto de ley de Información Clasificada ha decaído con la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, después de permanecer más de un año en plazo de enmiendas. El Consejo de Ministros lo había aprobado en julio de 2025 para sustituir la ley preconstitucional de Secretos Oficiales de 1968 y homologar la regulación española con los estándares de la Unión Europea.
El cierre de la legislatura, el 5 de octubre, vuelve a interrumpir una reforma que el PNV impulsa desde 2016. Su propuesta planteaba establecer un plazo de clasificación de 25 años para los documentos secretos y de diez para los reservados. Aquella iniciativa también decayó, tras permanecer en la Comisión de Defensa.
El Gobierno presentó después su propio proyecto y lo remitió al Congreso en el verano de 2025. Esa tramitación tampoco ha concluido, por lo que la sustitución de la norma de 1968 queda pendiente para la nueva legislatura.
Para quienes investigan documentación clasificada, el acceso sigue sujeto a autorizaciones. Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, explica que deben solicitarlas al archivo y al organismo o ministerio correspondiente. Según el historiador, los procedimientos son muy largos y con frecuencia terminan sin respuesta o con una negativa.
Gómez Bravo considera, además, que el proyecto ahora decaído no resolvía los problemas de los investigadores y había quedado desactualizado durante su recorrido. Sostiene que la Administración mantiene inaccesible la documentación que considera sensible y reclama que la apertura de los archivos vaya acompañada de tareas de digitalización y ordenación.
El catedrático defiende que la documentación del siglo XX debería desclasificarse y abrirse al público, con algunas excepciones. Como ejemplo de las restricciones que cuestiona, señala la existencia de documentos clasificados de la Guerra de Marruecos.
Los investigadores reunieron más de 10.000 firmas y las elevaron al Congreso para reclamar desclasificaciones, según Gómez Bravo, quien asegura que su situación de acceso no ha cambiado.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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