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Opinión

Criticar una sentencia no basta para justificar un indulto

Sánchez puede discrepar del fallo contra Álvaro García Ortiz. Pero una eventual medida de gracia exigiría una explicación distinta del respaldo del Gobierno, de sus aliados o de una parte de la sociedad.

eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

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Primer plano de una mesa de trabajo con carpetas de documentación judicial cerradas y un bolígrafo, junto a una ventana de un despacho sobrio, sin personas ni textos legibles.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

La discrepancia del Gobierno con una sentencia no basta para justificar un indulto. Ese es el criterio con el que debe examinarse la posición de Pedro Sánchez sobre el exfiscal general Álvaro García Ortiz: no negar al presidente el derecho a criticar una resolución, sino exigirle que distinga esa crítica de las razones para intervenir sobre sus consecuencias.

En una entrevista publicada este fin de semana, Sánchez calificó de injusta la sentencia y atribuyó esa valoración al conjunto del Gobierno de coalición. También sostuvo que la comparte una amplia parte de la sociedad española y de las fuerzas parlamentarias. Sobre el indulto, dejó la decisión para cuando llegue el momento y se cierre el procedimiento.

Conviene respetar esa diferencia: el presidente ha expresado un juicio sobre el fallo, pero no ha anunciado la concesión de la medida de gracia. Darla por decidida sustituiría el examen de sus palabras por una predicción. La rendición de cuentas empieza por precisar qué ha comprometido un gobernante y qué mantiene pendiente.

Ahora bien, la apelación al respaldo social y parlamentario tampoco resuelve el problema de fondo. Una sentencia no resulta más o menos fundada por el número de personas o partidos que la acepten. Invocar una mayoría puede servir para defender una posición política; no aporta, por sí solo, una explicación de los errores que se atribuyen a una resolución judicial.

Si finalmente el Ejecutivo opta por el indulto, deberá explicar por qué lo considera justificado en este caso. Repetir que la condena es injusta dejaría sin responder la pregunta esencial: qué razones sostienen la decisión más allá del desacuerdo del propio Gobierno con el fallo.

La exigencia debe ser la misma con independencia de quién ocupe la Moncloa o de quién pueda beneficiarse. Ni toda crítica gubernamental a una sentencia vulnera la separación de poderes ni toda invocación de la voluntad popular legitima una medida de gracia. Entre ambas afirmaciones está la obligación de motivar y asumir la responsabilidad de la decisión.

Fuente: Libertad Digital · leer el original

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