Combatir el espionaje chino exige vigilar accesos, no apellidos

La defensa frente al espionaje chino debe perseguir conductas y proteger accesos, no clasificar sospechosos por ascendencia. El pasaporte no demuestra inocencia. El apellido tampoco demuestra culpabilidad. Una democracia no se vuelve más segura cuando sustituye la investigación por el recelo colectivo: simplemente empieza a parecerse al modelo que pretende combatir.

En su análisis de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, Federico Rampini señala que Pekín busca reclutas entre la comunidad china instalada en territorio estadounidense. Al mismo tiempo, reconoce el valor de esos profesionales para Silicon Valley y recuerda que las garantías judiciales estadounidenses también protegen a los acusados de espionaje. Esa combinación —aportación económica, riesgo de infiltración y derechos individuales— plantea el verdadero dilema, bastante más importante que cualquier interpretación sentimental sobre la lealtad a los orígenes.

La respuesta liberal no consiste en negar el riesgo. Los secretos industriales son propiedad, no un recurso gratuito a disposición de cualquier Estado. Protegerlos exige controles sobre información sensible, responsabilidades concretas y pruebas cuando se acusa a alguien de sustraerla. Abrir una empresa al talento extranjero no obliga a abrir todos sus archivos. Son decisiones distintas.

Tampoco la libertad empresarial proporciona una coartada para desentenderse de la seguridad. Una compañía puede defender sus ventas y sus contrataciones; no le corresponde decidir por sí sola qué riesgos debe asumir el conjunto de la sociedad. Pero esa limitación necesita reglas precisas y fiscalizables. La seguridad nacional no puede funcionar como una autorización en blanco para excluir competidores o trabajadores incómodos.

La presunción de inocencia no es una ventaja concedida al adversario por distracción. Es un límite al poder propio. Está concebida para los casos difíciles, no únicamente para proteger a personas que nos inspiran confianza. Si desaparece cuando el acusado pertenece a una comunidad señalada, deja de ser una garantía y se convierte en una cortesía revocable.

Competir con un régimen autoritario exige impedir sus abusos, no importar sus métodos. Protejan los secretos. No conviertan los apellidos en antecedentes penales.

Fuente: elmundo.es · leer el original