Bruselas acepta el plan de Temu contra los productos ilegales y mantiene la multa de 200 millones
La plataforma deberá revisar sus riesgos, el papel de sus algoritmos y los controles sobre los vendedores. Las medidas estarán sujetas a una auditoría externa e independiente y a la vigilancia de la Comisión Europea.
La Comisión Europea ha aprobado el plan de acción de Temu para corregir los fallos en la evaluación de riesgos relacionados con la venta de productos ilegales en su plataforma. La aceptación de los compromisos no anula la multa de 200 millones de euros que Bruselas le impuso en mayo por incumplir el reglamento de servicios digitales de la UE, conocido como DSA.
El plan contiene cinco medidas correctoras. La primera obliga a Temu a evaluar los riesgos específicos del diseño, funcionamiento y uso de su servicio con información fiable y actualizada. La segunda consiste en utilizar métricas e indicadores que permitan comprobar la eficacia de las medidas adoptadas para frenar la difusión de contenidos ilegales.
Para los consumidores, los controles afectan a la seguridad de los artículos que compran. Un análisis de la Comisión detectó el riesgo de encontrar en Temu juguetes y pequeños electrodomésticos que incumplían los estándares europeos. Al anunciar la sanción, el Ejecutivo comunitario sostuvo que sus pruebas indicaban una elevada probabilidad de que los compradores de la UE encontraran artículos ilegales en la plataforma.
Las otras tres medidas se centran en cómo circulan esos productos. Temu evaluará las limitaciones de su moderación proactiva de contenidos y analizará si sus sistemas de recomendación y algoritmos influyen en la difusión de artículos ilegales o la amplifican. También examinará la manipulación y amplificación intencionadas, incluidos los casos en los que los vendedores aprovechan funciones de la plataforma para difundir anuncios potencialmente ilegales.
Bruselas había dado a la empresa hasta el 28 de agosto para presentar el plan. La sanción, anunciada a finales de mayo tras un expediente abierto un año y medio antes, castigaba la falta de diligencia al identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la venta de productos ilegales y el perjuicio resultante para los consumidores europeos.
La Comisión advierte de que el procedimiento no ha terminado. Temu dispone ahora de cuatro meses para realizar una evaluación provisional de riesgos que abarque un período de seis meses, hasta el 30 de noviembre de 2026. Bruselas también mantiene bajo examen la eficacia de las medidas de mitigación, el uso de elementos de diseño adictivos, la transparencia de las recomendaciones y el acceso de los investigadores a los datos.
La plataforma se ha comprometido a someter las correcciones a una auditoría externa e independiente. Deberá entregar sus resultados a la Comisión en los cuatro meses siguientes a la aplicación de las medidas. Si el auditor formula recomendaciones, Temu tendrá un mes para informar sobre su puesta en práctica.
Fuente: elpais.com · leer el original
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