Bilbao necesita rendición de cuentas, no hipótesis sobre infiltrados
Los incendios y saqueos obligan a esclarecer tanto las responsabilidades de los violentos como la respuesta policial. Las conjeturas sobre su identidad no pueden sustituir esa exigencia.
La violencia en Bilbao exige una rendición de cuentas centrada en la protección de los ciudadanos, no una competición por adjudicar los disturbios al adversario político. La primera obligación de las instituciones es garantizar que vecinos y comerciantes no queden a merced de quienes incendian contenedores y saquean establecimientos, cualquiera que sea la bandera que invoquen.
La cobertura del programa Euskadi quédate, de ETB2, mostró el lunes a centenares de jóvenes encapuchados y vestidos de negro causando destrozos. Durante más de una hora de emisión no se veía una intervención policial frente a ellos. Los disturbios terminaron con tiendas saqueadas y varios detenidos. Ese balance reclama explicaciones públicas sobre el dispositivo de seguridad y sus tiempos de actuación.
Corresponde a los responsables de la Ertzaintza explicar qué decisiones adoptaron y con qué criterios. Pedir esas explicaciones no equivale a exigir cargas indiscriminadas: significa reclamar una actuación eficaz, proporcionada y sometida a control. La seguridad y las garantías individuales no son objetivos incompatibles; ambas dependen de que la fuerza pública actúe conforme a la ley.
El acto de Vito Quiles que había motivado las protestas fue finalmente desconvocado. Su cancelación no impidió los disturbios. La libertad para rechazar a un personaje público no incluye la facultad de castigar a los vecinos ni de disponer de la propiedad ajena. Ninguna discrepancia convierte un comercio en un objetivo legítimo.
Ione Belarra apuntó a la posible presencia de infiltrados interesados en criminalizar a la juventud. Una hipótesis de ese alcance requiere pruebas antes de convertirse en explicación política. Si existen responsabilidades de terceros, deben investigarse; entretanto, esa posibilidad no borra los actos cometidos ni reduce la obligación de esclarecer quién los ejecutó.
El debate público debería distinguir dos responsabilidades que pueden y deben examinarse a la vez: la de quienes participaron en la violencia y la de quienes tenían encomendada la seguridad. Investigar la primera no exonera de explicar la segunda. Bilbao necesita ese doble escrutinio, porque proteger la libertad cotidiana exige perseguir los ataques y someter a control la respuesta del poder.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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