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Almeida ultima una querella contra Francisco Martín por su actuación ante la acampada de Sol

El alcalde y la vicealcaldesa de Madrid se reunirán esta semana con los servicios jurídicos para decidir cuándo presentan la acción penal. El Ayuntamiento quiere completar antes los informes y la cuantificación de los daños que atribuye a la protesta.

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Vista lateral a nivel de calle de la Puerta del Sol de Madrid, con fachadas comerciales y un acceso a Metro en primer término, luz natural de otoño y sin personas protagonistas, pancartas ni elementos que reconstruyan la acampada.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este miércoles que el Ayuntamiento prepara una querella contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín por su presunta inacción ante la acampada de la Puerta del Sol. La presentación todavía no tiene fecha y queda pendiente de completar la documentación que sustentará la iniciativa judicial.

Almeida y la vicealcaldesa, Inma Sanz, tienen prevista una reunión esta semana con los servicios jurídicos municipales para concretar ese paso. El regidor ha señalado que faltan informes y que aún deben cuantificar los daños. Ha defendido que la acción penal debe contar con una base sólida para exigir responsabilidades por los perjuicios que atribuye a la actuación de Martín.

El anuncio inicial se produjo a finales de octubre, durante el Pleno municipal. En respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, Almeida avanzó que el Consistorio acudiría a la vía penal una vez agotado el plazo administrativo del requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno.

Entonces, el alcalde sostuvo que permitir la ocupación de ese espacio público constituía, a juicio del Ayuntamiento, un delito. Esa es la acusación que pretende llevar ante la Justicia, no una responsabilidad penal establecida por una resolución judicial.

En paralelo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene su iniciativa de querella contra Martín por presunta prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos. El Ejecutivo autonómico vincula esa acción a los hechos delictivos que denuncia durante la acampada.

La Comunidad también ha comunicado a la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, que iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar los gastos que sostiene haber asumido. La acampada fue desalojada el 3 de noviembre, después de 38 días.

El impacto económico afecta tanto a los comercios como al transporte público. El Consejo de Gobierno autonómico ha analizado pérdidas comerciales superiores a 30 millones de euros y un descenso de 494.000 viajeros en Metro. Según ese balance, el coste para el suburbano supera los 750.000 euros entre menores ingresos y mayores gastos, principalmente por refuerzos de seguridad y limpieza.

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Fuente: Libertad Digital · leer el original

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