Restituir patrimonio al PNV exige las mismas garantías que a cualquier propietario
La reparación histórica puede justificar una devolución, pero no rebajar la exigencia de acreditar quién tiene derecho a recibirla. Esa garantía protege tanto al reclamante como al contribuyente.
La restitución de un inmueble a un partido debe superar las mismas exigencias de prueba que cualquier reclamación de propiedad. Ni más ni menos. Defender el patrimonio público no obliga a negar una reparación legítima; defender esa reparación tampoco obliga a aceptar que la cercanía histórica sustituya al título. La igualdad ante las reglas empieza precisamente donde aparece un beneficiario políticamente relevante.
El Gobierno ha entregado al PNV el palacete de la avenida Marceau de París, antigua sede del Instituto Cervantes, y ha invocado la vinculación histórica en el Real Decreto-ley 9/2024. Pedro Chacón y Carlos Olazabal sostienen en su investigación sobre el edificio que se adquirió con fondos del Gobierno vasco de José Antonio Aguirre, una institución pública, no del partido. Por su parte, Impulso Ciudadano consiguió que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ordenara entregar los expedientes con los que el Ejecutivo justificó la operación.
La distinción importa. Reparar una pérdida exige identificar al titular del derecho y justificar por qué corresponde al destinatario actual. Una relación histórica puede ayudar a reconstruir los hechos. No resuelve por sí sola la propiedad. El afecto por un edificio no es una escritura, tampoco cuando lo expresa una organización con representación parlamentaria.
Eso no permite concluir automáticamente que la entrega sea ilegal. Una columna no es una sentencia. Sí permite exigir que la decisión se sostenga en razones comprobables y aplicables a otros reclamantes. La prueba más sencilla consiste en retirar mentalmente las siglas del expediente: el criterio debería seguir funcionando. Si necesita conocer al beneficiario para resultar convincente, tenemos un problema.
La transparencia tampoco es un adorno posterior. Los ciudadanos deben poder examinar por qué un bien deja de pertenecer al patrimonio público. Obligar a recorrer un procedimiento de acceso hasta obtener una orden del órgano de transparencia no refuerza la confianza en la reparación. La desgasta. Publicar la justificación protege también a quien recibe legítimamente un inmueble frente a sospechas que los documentos podrían despejar.
El criterio liberal no consiste en preferir siempre al Estado o siempre al particular. Consiste en proteger derechos con reglas generales, incluso cuando incomodan al Gobierno y a sus aliados. La historia merece investigación. La propiedad exige pruebas.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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