Pardo propone eliminar los aforamientos y la financiación pública de los partidos

Luis María Pardo, abogado y guardia civil en excedencia que aspira a entrar en el Congreso con Iustitia Europa, propone suprimir la inmunidad parlamentaria y los aforamientos de diputados, senadores y ministros. La formación incluye en su programa una reforma de la Constitución y el fin de la financiación pública de los partidos.

La candidatura de Pardo, que figura como octava por Madrid, presenta estos cambios como parte de su propuesta contra la corrupción. Su modelo contempla que los ciudadanos españoles elijan directamente al presidente del Gobierno cada cuatro años, mediante sufragio universal, libre, igual y secreto.

Para el Congreso y el Senado, Iustitia Europa defiende circunscripciones uninominales y listas abiertas. También plantea limitar la permanencia del presidente del Gobierno a dos mandatos completos, consecutivos o alternos, y extender ese límite a vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y responsables autonómicos y municipales.

La reforma afectaría asimismo a los órganos judiciales. El partido quiere que los doce magistrados del Tribunal Constitucional sean elegidos por votación directa entre juristas de carrera en activo y ratificados mediante referéndum vinculante. Exigiría a los candidatos 25 años de ejercicio profesional y no haber ocupado cargos políticos ni militado en partidos durante los últimos 30 años.

Para el Consejo General del Poder Judicial, propone una elección por los jueces y reducir su composición de veinte a diez miembros. El programa incluye como posibles integrantes a jueces, magistrados, abogados del Estado, fiscales, catedráticos y doctores en Derecho con más de veinte años de experiencia.

El nombramiento del fiscal general del Estado pasaría del Gobierno al CGPJ. La formación plantea un mandato de nueve años no renovable y la prohibición expresa de que el Ejecutivo emita instrucciones al Ministerio Fiscal.

Para los ciudadanos, el modelo propuesto abriría la elección directa de la Presidencia del Gobierno y nuevas vías de participación en la designación del Constitucional. En el control de los cargos públicos, Pardo también quiere obligar a los antiguos altos cargos a declarar sus actividades y patrimonio durante los cinco años posteriores al cese e impedirles durante ese periodo incorporarse a empresas que hubieran sido contratistas del Estado mientras ejercían.

Fuente: abc.es · leer el original