Los inspectores de Hacienda reclaman separar la Agencia Tributaria del Gobierno y denuncian injerencias políticas

La asociación Inspectores de Hacienda del Estado ha reclamado este viernes, 30 de octubre, en su congreso anual de Toledo, una reforma del estatuto jurídico de la Agencia Tributaria para desvincularla del Ejecutivo. La organización ha acompañado su propuesta con la denuncia de media docena de episodios que considera intentos de utilizar el organismo con fines políticos bajo gobiernos de distinto signo.

Los inspectores sostienen que la AEAT atraviesa la mayor crisis de su historia y que el riesgo de injerencias políticas está aumentando. Su propuesta pasa por trasladar del Ministerio de Hacienda al Congreso el nombramiento de sus máximos responsables y dotar al organismo de independencia económica para ejercer sus funciones.

Entre los episodios recientes, la asociación señala las declaraciones de María Jesús Montero de marzo de 2024 sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La entonces ministra de Hacienda afirmó que la defensa del contribuyente había admitido los hechos, una información que los inspectores consideran supuestamente amparada por el deber de reserva tributaria.

Para los ciudadanos, la reclamación afecta tanto a la confidencialidad de sus datos como a la igualdad de trato ante Hacienda. El artículo 95 de la Ley General Tributaria establece el deber de secreto sobre la información fiscal. La asociación advierte de que la percepción de politización alimenta la sospecha de que el rigor aplicado al contribuyente medio se relaja ante los más poderosos.

La relación de antecedentes se remonta a 1997, cuando Rodrigo Rato acusó al anterior Gobierno de Felipe González de haber aplicado una amnistía encubierta mediante la paralización de 600 expedientes. Aquella acusación, formulada a partir de supuesta información de la AEAT, no llegó a probarse con datos.

Los inspectores también recuerdan el intento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, de obligar por vía reglamentaria a remitir los expedientes fiscales más delicados al Ministerio de Hacienda para su visto bueno. El Ejecutivo renunció a esa iniciativa tras la presión de colectivos entre los que figuraban los propios inspectores.

La asociación incluye además la amnistía fiscal de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy y los posteriores relevos de responsables de la Delegación de Grandes Contribuyentes decididos por Cristóbal Montoro tras una sanción a una gran empresa. Su portavoz y expresidente, José María Peláez, ha defendido la reforma como una vía para recuperar la independencia de actuación que, según sostiene, la Agencia ha perdido desde su creación en 1992.

Fuente: abc.es · leer el original