Las comunidades deben hacer obras de accesibilidad para mayores de 70 años sin votación si cumplen los límites legales

Una comunidad de propietarios no puede someter a votación si ejecuta las obras de accesibilidad solicitadas para una persona con discapacidad o mayor de 70 años cuando se cumplen las condiciones legales. El artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal establece su obligatoriedad y limita el papel de la junta a distribuir la derrama y determinar cómo se paga.

La solicitud debe presentarla el propietario de una vivienda o local donde la persona beneficiaria viva, trabaje o preste servicios voluntarios. No es necesario que esa persona sea dueña del inmueble: puede tratarse, por ejemplo, de la madre del propietario que reside con él. La redacción vigente del precepto, modificada por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, rige desde el 23 de octubre de 2026.

Las actuaciones deben permitir un uso de los elementos comunes adecuado a las necesidades de sus destinatarios. Entre ellas figuran las rampas, los ascensores y los dispositivos mecánicos o electrónicos que facilitan la orientación o la comunicación con el exterior. Durante los trabajos también debe aceptarse la ocupación de zonas comunes.

Para el bolsillo de los vecinos, la referencia es el coste anual: una vez descontadas las subvenciones y ayudas públicas, el importe repercutido no debe superar doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Hasta ese límite pagan todos los propietarios. Si se supera, la obra mantiene su carácter obligatorio cuando quienes la solicitaron asumen el exceso.

La financiación permite distribuir el coste entre los años que contemple la operación, reduciendo así la cantidad anual que se compara con ese límite. Además, el propietario solicitante puede aportar información sobre convocatorias de ayudas de vivienda y agenda urbana a las que pueda acogerse la comunidad; esta queda entonces obligada a solicitarlas.

Existe una excepción al límite económico: si las ayudas concedidas alcanzan el 70 % del importe de las obras, su ejecución es obligatoria sin aplicar los topes anteriores. También puede utilizarse el fondo de reserva, cuya dotación mínima debe equivaler al 10 % del último presupuesto ordinario de la comunidad.

La votación ofrece otra vía para aprobar las actuaciones. El artículo 17 establece que, si las obras para eliminar barreras arquitectónicas o instalar un ascensor reciben el respaldo de la mayoría de propietarios que represente también la mayoría de las cuotas, todos deben pagarlas aunque el reparto anual supere las doce mensualidades.

La comunidad puede reclamar las cantidades impagadas mediante el proceso monitorio especial previsto en el artículo 21. Por su parte, quien haya solicitado una actuación obligatoria puede acudir al juez para exigir su ejecución si la comunidad no la realiza.

Los acuerdos contrarios a la ley pueden impugnarse conforme al artículo 18. Están legitimados los propietarios que hayan salvado su voto, los ausentes y quienes hayan sido privados indebidamente de votar, siempre que estén al corriente de pago o depositen judicialmente lo adeudado.

La impugnación no suspende por sí sola el acuerdo: hace falta una medida cautelar judicial. El plazo general para recurrir es de tres meses, ampliado a un año cuando el acuerdo contradice la ley o los estatutos. Para los ausentes, el cómputo comienza con su comunicación.

Fuente: Libertad Digital · leer el original