La venta de una vivienda exige adjuntar al contrato el certificado energético registrado y la etiqueta

El vendedor de una vivienda debe anexar al contrato de compraventa una copia del certificado de eficiencia energética debidamente registrado y su etiqueta, salvo que el inmueble esté incluido en las excepciones legales. Así lo establece el artículo 17 del Real Decreto 390/2021, que regula la certificación energética de los edificios.

Son dos documentos diferentes. El certificado lo firma un técnico competente y recoge las características energéticas del inmueble, su calificación y las recomendaciones de mejora. La etiqueta acredita públicamente que existe un certificado registrado y muestra la calificación obtenida. El comprador tiene derecho a recibir ambos junto al contrato.

La información debe estar disponible antes de llegar a la firma. Quien publique o permita publicar un anuncio de venta o alquiler está obligado a incluir la calificación energética. La exigencia se aplica tanto a las agencias y los portales inmobiliarios como a las páginas web, las vallas, los catálogos y la prensa.

Para el ciudadano, estas obligaciones permiten conocer las características energéticas de la vivienda antes de comprarla o alquilarla y disponer de documentación sobre las posibles mejoras. No basta con que el vendedor tenga un certificado: en la compraventa debe estar registrado y acompañar al contrato junto con la etiqueta.

En el alquiler a un nuevo arrendatario, el propietario debe anexar al contrato una copia de la etiqueta y entregar al inquilino una copia del documento de Recomendaciones de uso para el usuario. Las obligaciones alcanzan también a los locales, incluidos en la definición legal de parte de un edificio.

Si la vivienda está en construcción y la operación se cierra antes de terminar la obra, el vendedor o arrendador debe facilitar la etiqueta energética de proyecto. Después debe entregar el certificado de obra terminada, una vez finalizada y expedido el documento. Si la calificación definitiva no alcanza la prevista, el técnico debe adjuntar una justificación motivada de la variación.

La norma contempla excepciones. Entre ellas están los edificios protegidos oficialmente por su valor arquitectónico o histórico cuando las mejoras energéticas alterarían de forma inaceptable su carácter o aspecto, así como los edificios independientes de menos de 50 metros cuadrados útiles. Esta última excepción se refiere a edificios independientes, no a cualquier piso de esa superficie.

También quedan fuera los inmuebles adquiridos para demolerlos o realizar las reformas definidas por la norma. En estos casos, el propietario debe presentar una declaración responsable ante el órgano competente de su comunidad autónoma o de Ceuta o Melilla, que puede establecer un procedimiento más exigente.

El real decreto vincula la entrega del certificado al contrato de compraventa y no menciona el contrato de arras. En el ámbito del derecho civil común, el artículo 1124 del Código Civil permite reclamar el cumplimiento o la resolución ante un incumplimiento, con resarcimiento de daños e intereses. Sin embargo, esos preceptos no establecen que la falta del certificado baste por sí sola para resolver la compraventa.

Fuente: Libertad Digital · leer el original