La UCO asegura a Pedraz que avisó a Biedma de que los anexos del caso David Sánchez incluían las direcciones de correo del presidente y su esposa

La Unidad Central Operativa (UCO) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un informe en el que afirma que advirtió a la magistrada Beatriz Biedma, meses antes de su publicación, de que los anexos de la causa de David Sánchez contenían las direcciones de correo electrónico de Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

El escrito sitúa esas direcciones en una guía documental cuya utilización, según la UCO, había sido validada por Biedma en septiembre. Los investigadores sostienen que su inclusión no respondió a un error y que fue la magistrada quien consideró conveniente entregar la guía a las partes personadas.

Tras la publicación de las direcciones en un medio de comunicación, la Dirección de Inteligencia y Seguridad de la Guardia Civil realizó gestiones para averiguar el origen de la información. Según el informe, esas pesquisas concluyeron que procedía de la documentación que el juzgado había trasladado a las partes.

La UCO relata que, al contactar con Biedma, esta confirmó que había acordado la entrega. La magistrada defendió que su decisión no vulneraba derechos, sino que facilitaba el análisis de la documentación y garantizaba una defensa efectiva. Esa autorización de acceso a las partes no suponía que conociera de antemano su posterior llegada a un medio.

La difusión de las direcciones habría provocado la recepción de mensajes amenazantes y enlaces maliciosos. Se abrieron dos informaciones reservadas para esclarecer por qué se habían incorporado a los anexos los datos del presidente y su esposa, cuya relevancia para la causa se cuestionaba.

El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, explicó que esas actuaciones internas se iniciaron después de recibir llamadas de la directora del cuerpo, Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según el escrito, Biedma consideró la situación una injerencia en su potestad jurisdiccional. Ordenó a la UCO que no comunicara información de la investigación a sus superiores y que remitiera a ella cualquier consulta. También sostuvo que determinar qué personas o elementos eran ajenos a la causa le correspondía exclusivamente como magistrada.

Fuente: Libertad Digital · leer el original