La prioridad sanitaria no debe decidirse por el pasaporte
La preferencia para los españoles defendida por María Ruiz en un acto sobre la ELA confunde la administración de recursos públicos con el privilegio nacional. La igualdad ante las reglas también obliga a la derecha.
La nacionalidad no debe otorgar preferencia sanitaria frente a la necesidad del paciente. Un Estado puede regular el acceso a sus servicios y debe administrar recursos limitados. Pero establecer requisitos no equivale a ordenar a los enfermos por su pasaporte. La diferencia importa. Es la que separa una regla común de un privilegio de origen.
El viernes, durante un acto en el Congreso para repasar los dos años transcurridos desde la aprobación de la Ley ELA, María Ruiz, integrante de la ejecutiva nacional de Vox, defendió que lo justo y solidario era dar preferencia a los españoles. Entre los invitados estaba el escritor argentino Martín Caparrós, residente en España desde hace veinte años, que respondió acusando a Vox de xenofobia. Ese intercambio acredita una posición política, no una denegación de asistencia ni una modificación legal.
Precisamente por eso conviene discutir la propuesta sin inventarle consecuencias consumadas. No hace falta exagerarla. Su problema está en el criterio que ofrece: convertir la pertenencia nacional en un mérito para adelantarse a otro. La urgencia deja entonces de ser la única clase de prioridad que importa. Aparece una credencial distinta, ajena a la enfermedad.
La objeción liberal no exige imaginar una sanidad sin límites ni presupuestos. Exige reglas justificables, previsibles y aplicadas sin arbitrariedad. Si se debate quién tiene derecho a una prestación, deben discutirse sus requisitos. Si se decide quién necesita atención primero, deben examinarse sus necesidades. Confundir ambas preguntas permite vender una preferencia política como si fuera un criterio asistencial.
Tampoco hace falta que el paciente extranjero sea un escritor admirado. Sus libros no son un salvoconducto. Defender a Caparrós por su talento dejaría desprotegido el argumento cuando quien espera asistencia no ha publicado nada. La igualdad vale precisamente porque no exige simpatía, prestigio ni coincidencia ideológica.
Una derecha liberal debe reconocer ese límite incluso cuando el privilegio se presenta envuelto en solidaridad nacional. El Estado administra servicios; no reparte grados de dignidad. El pasaporte no es un diagnóstico.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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