La Fiscalía pide 45 años de cárcel para cuatro acusados de explotar a jornaleros en Valladolid

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid juzgará a cuatro personas para las que el Ministerio Fiscal solicita penas que suman 45 años de prisión por su presunta participación en una red de explotación laboral agraria. La mayor petición, 36 años, corresponde a Vasile C.U., acusado de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo continuado de capitales.

Para su cónyuge, Liliana G.U., la Fiscalía reclama siete años por su presunta colaboración en el blanqueo y en la imposición de condiciones ilícitas a los trabajadores. Constantin U. y Gheorghe U. afrontan una petición de un año de prisión cada uno por pertenencia a grupo criminal. La acusación les atribuye la vigilancia de los tajos y el traslado diario de los jornaleros.

Según el Ministerio Público, la red captaba en Rumanía a personas con escasa instrucción y en situación de extrema vulnerabilidad económica. Les ofrecía un trabajo digno en España y organizaba su viaje en autocar hasta Valladolid. Una vez allí, les comunicaba que habían contraído una deuda por el transporte y les exigía entre 100 y 150 euros mensuales por alojarse en sus inmuebles.

La Fiscalía describe jornadas de nueve a doce horas diarias, sin contrato, cobertura de la Seguridad Social, descanso semanal ni vacaciones retribuidas. Aunque la remuneración teórica era de 5,50 euros por hora, sostiene que el presunto cabecilla retenía casi todo el dinero alegando gastos de combustible, manutención y amortizaciones ficticias. Ese mecanismo mantenía a los trabajadores sujetos a una deuda de la que no podían liberarse.

El perjuicio económico para los temporeros también incluía, según la acusación, deudas ante la Tesorería General de la Seguridad Social: la red habría tramitado mediante engaños altas fraudulentas como autónomos a su nombre. El Ministerio Público solicita una indemnización de 80.000 euros por daños morales para cada perjudicado.

La acusación sitúa el inicio de la actividad en 2017 y sostiene que el entramado llegó a coordinar simultáneamente a más de 80 jornaleros durante las campañas agrícolas. Atribuye a sociedades pantalla, entre ellas Servicios Agrícolas Liliana S.L., la función de dar cobertura a las ganancias y eludir los controles de la Agencia Tributaria.

Las actuaciones comenzaron a finales de 2019 tras una denuncia ante la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, la UCRIF. En las intervenciones policiales en Medina del Campo, los agentes incautaron documentación contable, 20.100 euros en efectivo y vehículos de alta gama valorados en más de 160.000 euros.

Fuente: Libertad Digital · leer el original