La escuela catalana necesita evaluar su modelo, no defenderlo por identidad

Cataluña necesita someter su modelo escolar a una evaluación que permita corregirlo, no a una disputa de lealtades que lo haga intocable. La legitimidad de una política educativa depende de lo que aprenden los alumnos y de las oportunidades que les ofrece, no de su capacidad para representar una identidad colectiva.

El informe elaborado por José Manuel Lacasa y publicado por Societat Civil Catalana analiza los resultados de PISA entre 2003 y 2022. El investigador identifica un descenso general de conocimientos, con un deterioro abrupto a partir de 2015. Su diagnóstico alcanza a estudiantes de distintos niveles socioeconómicos y a las tres habilidades evaluadas. Esa amplitud exige revisar el funcionamiento del sistema, no buscar una explicación que exonere de antemano a sus responsables.

Uno de los elementos más relevantes es el rendimiento de los alumnos catalanohablantes de familias acomodadas. El análisis cuestiona que el sistema aproveche suficientemente sus ventajas de partida. Si el problema también afecta a quienes disponen de mejores condiciones económicas y sociales, resulta insuficiente atribuirlo exclusivamente a las dificultades de los hogares vulnerables o a la llegada de inmigrantes.

La lengua de enseñanza tampoco puede quedar protegida frente al escrutinio. Inger Enkvist sostiene que la inmersión perjudica a los castellanohablantes y agrava su desventaja social. Es una afirmación que debe examinarse comparando resultados y circunstancias de escolarización. Defender la libertad de las familias exige tomar en serio ese posible perjuicio, pero no dar por demostrada una causa única para un deterioro que afecta a grupos diferentes.

Conviene aplicar la misma disciplina a las explicaciones pedagógicas. Enkvist plantea que determinadas metodologías y el uso de tecnología pueden contribuir al retroceso. Por su parte, Lacasa estudia respuestas de alumnos que declaran retrasos, poco trabajo en casa y escaso esfuerzo en las pruebas. Esas conductas merecen atención educativa; convertirlas en una descalificación general de los jóvenes no ayuda a decidir qué debe cambiar en las aulas.

La rendición de cuentas debería ordenar el debate: qué prácticas mejoran el aprendizaje, qué alumnos quedan rezagados y cómo se corrigen las diferencias. La exigencia académica y la igualdad de oportunidades no son objetivos rivales. Rebajar la primera no garantiza la segunda, del mismo modo que conservar un modelo por su valor simbólico no acredita su eficacia.

La conclusión no debe ser sustituir una certeza ideológica por otra. Debe ser retirar a cualquier política escolar el privilegio de no ser evaluada. La protección del catalán puede defenderse como objetivo cultural; el éxito educativo debe acreditarse con aprendizaje. Cuando ambos planos se confunden, el alumno deja de ser el criterio decisivo.

Fuente: abc.es · leer el original