La CEOE rechaza la propuesta de Díaz sobre el SMI y pide que decida el Gobierno que salga de las urnas

La CEOE reclama que la actualización del salario mínimo interprofesional se negocie a partir de diciembre con el Ejecutivo que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre, con independencia de su signo político. En un comunicado difundido este jueves, la organización empresarial pide que la decisión se adopte antes de finalizar 2026 y respetando los plazos legales.

El rechazo responde a la publicación por el Ministerio de Trabajo de un borrador de real decreto que plantea elevar el SMI un 5,3%, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas. La cuantía supera en cinco euros los 1.281 euros que había recomendado el comité de expertos, cuya propuesta contemplaba un incremento del 4,9%. El plazo para presentar alegaciones al borrador termina el 16 de noviembre.

La patronal cuestiona cómo se ha desarrollado la negociación. Según su relato, Trabajo convocó el miércoles a empresarios y sindicatos para presentar el informe de los expertos, que previamente se había filtrado a los medios. La CEOE sostiene que el Ministerio no formuló ninguna propuesta durante aquella reunión y que conoció después por la prensa el incremento del 5,3%, fijado esa misma noche.

La organización defiende que esperar al resultado electoral permitiría disponer de indicadores económicos más precisos en un contexto de incertidumbre. También reclama que la negociación se base en criterios económicos objetivos y tenga en cuenta el impacto sobre el empleo, las empresas y las familias.

En la nota, CEOE y Cepyme advierten de que el aumento afectaría especialmente a las pequeñas empresas y a los sectores intensivos en mano de obra. Para los hogares que contratan servicios de cuidados para poder trabajar, ambas organizaciones anticipan un incremento de costes superior al IPC.

Las patronales también reprochan al Gobierno que impulse aumentos salariales sin resolver la actualización de los contratos públicos. Según denuncian, ese problema lleva casi una década pendiente e impide a las empresas adjudicatarias repercutir los mayores costes laborales.

El último incremento del SMI se aprobó en febrero de 2026, con efectos desde el 1 de enero: subió un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, con el respaldo de CCOO y UGT y sin el apoyo de CEOE y Cepyme.

Fuente: Libertad Digital · leer el original