Feijóo promete auditar en seis meses la presencia del Estado y reforzarla en País Vasco, Cataluña y Navarra
El programa del PP plantea cubrir vacantes, rehabilitar oficinas y dependencias policiales y fortalecer las delegaciones del Gobierno si llega a gobernar. También incluye la protección legal de la caja única de la Seguridad Social.
Alberto Núñez Feijóo se compromete, si gobierna, a revisar durante sus primeros seis meses las oficinas, plantillas e instalaciones de la Administración General del Estado y a aprobar, a partir de ese diagnóstico, un Plan Nacional de Presencia del Estado. La iniciativa dará prioridad al País Vasco, Cataluña y Navarra, donde el PP sostiene que la presencia de la Administración central se ha debilitado.
El compromiso figura en el programa electoral de los populares, al que ha tenido acceso El Mundo y cuya presentación está prevista para el martes. El plazo de seis meses corresponde a la revisión de los medios del Estado; el documento prevé que el plan posterior disponga de recursos y de un calendario de actuación.
La auditoría abarcará comunidades autónomas, provincias, islas y ciudades autónomas. Entre las medidas previstas figuran cubrir puestos vacantes, incentivar los destinos de difícil cobertura, rehabilitar oficinas, comisarías y cuarteles y reforzar las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Para los ciudadanos, la propuesta afecta a los medios destinados a la atención administrativa y a los servicios policiales estatales. En materia de pensiones y prestaciones, el PP plantea proteger legalmente la caja única de la Seguridad Social para que las cotizaciones sigan financiándolas en toda España, sin separar los recursos por territorios.
El programa también defiende mantener la unidad de la Agencia Tributaria y no fragmentar más la gestión de los tributos estatales. Como contrapartida, propone reforzar la participación de las comunidades autónomas en sus órganos de dirección para dar mayor transparencia a sus decisiones.
El País Vasco, Cataluña y Navarra han concentrado más del 75% de los casi 50 traspasos de competencias cerrados durante los últimos ocho años de gobiernos de Pedro Sánchez. Entre los asumidos por el País Vasco figuran la gestión del Ingreso Mínimo Vital, las Cercanías y competencias de protección por desempleo. El Gobierno no ha completado la transferencia de la caja de la Seguridad Social a esta comunidad.
En Cataluña, los traspasos incluyen competencias de los Mossos d’Esquadra en delitos ambientales y aeropuertos, además de la cesión de Rodalies, que el Ejecutivo considera irrevocable pese al adelanto electoral. Navarra ha asumido la sanidad penitenciaria, el Ingreso Mínimo Vital y las competencias de tráfico, incluida la gestión de multas y radares.
El PSOE rechaza que las cesiones hayan debilitado al Estado o respondan únicamente a la necesidad de obtener apoyos parlamentarios. Sánchez ha defendido que refuerzan el modelo descentralizado y ha recordado que los gobiernos del PP también transfirieron competencias cuando necesitaron los votos del nacionalismo vasco y catalán. Los ejecutivos de Mariano Rajoy aprobaron 16 traspasos; el de José María Aznar acordó 79 en 1999.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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