El clima exige medir emisiones, no distinguir entre empresas públicas y privadas

Una política climática seria debe exigir responsabilidades por las emisiones, no por la identidad del accionista. La propiedad pública no limpia una chimenea. La privada tampoco. Convertir el calentamiento en un pleito entre modelos de propiedad permite ganar discusiones ideológicas sin resolver el problema que supuestamente las justifica.

Las diez empresas que más dióxido de carbono emiten están controladas por Estados: cinco por China, dos por Rusia y una por Arabia Saudí, Irán e India, respectivamente. Ninguna es occidental ni privada. Ese reparto obliga a incluir al poder público entre los responsables empresariales, no a reservarle el cómodo papel de árbitro que fiscaliza las conductas ajenas.

La exigencia liberal empieza precisamente ahí. Un Estado propietario debe responder por la actividad de sus empresas con el mismo rigor que reclama a un empresario. Invocar el interés general no puede funcionar como certificado ambiental. Sería una peculiar rendición de cuentas: el propietario expide su propia absolución.

Pero invertir el prejuicio tampoco sirve. Que ninguna petrolera occidental figure entre esos diez mayores emisores no convierte sus emisiones en irrelevantes. Una clasificación identifica a quienes ocupan sus primeras posiciones; no reparte permisos de inocencia al resto. Defender la empresa privada no exige defender cada una de sus consecuencias.

También importa qué se mide. El carbón es, con diferencia, un generador de gases de efecto invernadero mayor que el petróleo. Y toda la cadena alimentaria, desde la tala para cultivar hasta el plato, representa el 32% de las emisiones mundiales. Concentrar la discusión en una sola industria por su valor simbólico deja fuera actividades decisivas.

La alternativa no consiste en cambiar de culpable favorito, sino en ordenar prioridades por emisiones y exigir cuentas sin privilegios de propiedad. Ni nacionalizar equivale a descarbonizar ni competir en el mercado exonera de responsabilidad. Una política climática liberal debe defender ambas cosas a la vez: libertad económica y ausencia de inmunidades. Lo contrario no es liberalismo; es elegir a quién se permite contaminar sin preguntas.

Fuente: elmundo.es · leer el original