El presidente de Portugal exige responsabilidades por los desalojos de las protestas por la vivienda

El presidente portugués, António José Seguro, volvió a reclamar responsabilidades este domingo, 1 de noviembre, por la actuación policial contra las acampadas que protestan por el precio de la vivienda. Los nuevos desalojos en Lisboa y Oporto dejaron entre 80 y 100 heridos, según los distintos balances, y fueron seguidos horas después por el regreso de miles de manifestantes a las plazas.

Seguro ya había expresado su rechazo a las imágenes de las intervenciones policiales del fin de semana del 24 y el 25 de octubre. Durante esta semana, el presidente socialista convocó a los partidos políticos y a especialistas para abordar la crisis de acceso a la vivienda.

La controversia por los operativos ha alcanzado al partido del Gobierno. Hugo Soares, líder del grupo parlamentario del PSD, ha reconocido excesos en la actuación policial. Las autoridades, por su parte, acusan a la izquierda de instrumentalizar el movimiento de protesta.

Las movilizaciones también han incorporado la defensa del derecho de manifestación. El martes, una concentración pacífica ante el Parlamento reunió a funcionarios, jubilados, profesionales y familias mientras los diputados debatían los Presupuestos para 2027. El Ejecutivo de centroderecha sostiene que sus cuentas son equilibradas y favorecen el poder adquisitivo.

Miguel Poiares Maduro, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa y exministro del Gobierno conservador de Passos Coelho, considera que el Ejecutivo cometió un error al tratar las protestas principalmente como un problema de orden público. A su juicio, intervenir sin que hubiera un comportamiento violento de los manifestantes volvió a parte de la opinión pública contra las autoridades.

El malestar tiene como trasfondo un fuerte encarecimiento residencial. El precio de compra de la vivienda se ha duplicado desde 2017 y los alquileres han seguido una evolución similar. Un apartamento estándar puede costar 1.200 euros al mes, frente a un salario mínimo que no alcanza los 1.000 euros. La construcción actual apenas cubre un tercio de la demanda.

Adriana Dias, profesora de español de 32 años en la escuela pública, explica que puede vivir sola gracias a la ayuda de sus padres y que otros jóvenes de su edad solo pueden alquilar una habitación. También advierte de que hay docentes que abandonan Lisboa porque no pueden pagar sus alquileres.

La plataforma Casa para Viver, que agrupa a una treintena de asociaciones, ha convocado otra marcha por la vivienda para el 14 de noviembre. Entre sus reclamaciones figura la oposición a la nueva ley del alquiler, cuya formulación actual elimina los topes.

Fuente: elpais.com · leer el original