El Instituto Juan de Mariana cifra en 511,6 millones las subvenciones a UGT y CCOO desde 2022
El informe atribuye a las dos centrales y sus organizaciones el 86% de las ayudas públicas a sindicatos entre 2022 y octubre de 2026. En 2025 recibieron 106,1 millones de euros.
UGT, CCOO y sus organizaciones recibieron 511,6 millones de euros en subvenciones entre 2022 y octubre de 2026, según el Índice de Flexibilidad Laboral 2026 del Instituto Juan de Mariana, publicado esta semana. El documento distribuye esa cantidad entre los 297,1 millones correspondientes a UGT y los 214,5 millones de CCOO.
La suma representa el 86% de todas las subvenciones a sindicatos contabilizadas en ese periodo. Para 2025, el instituto sitúa las ayudas a ambas centrales y sus organizaciones en 106,1 millones de euros, con dos de cada tres euros procedentes de las comunidades autónomas.
Una de las vías de financiación examinadas es la subvención anual del Ministerio de Trabajo a las centrales sindicales. El informe señala que ha pasado de 8,9 a 32 millones de euros desde 2020, un incremento del 260%. Por esta vía, añade, CCOO y UGT reciben un 70% más al año que durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Para los contribuyentes, estas partidas suponen financiar con recursos públicos a las organizaciones sindicales, además de las aportaciones que realizan voluntariamente sus afiliados. El instituto compara las ayudas a UGT y CCOO con los 267 millones de euros de cuotas sindicales declaradas en el IRPF y calcula que equivalen al 40% de ese importe, que incluye las cuotas de todos los sindicatos.
El documento también sitúa el peso de las subvenciones en el 35% de los ingresos de la confederación de CCOO y en el 43% de los de UGT.
Dentro de las ayudas destinadas a formación, el informe contabiliza desde 2022 un total de 30,7 millones para el IDFO de UGT y 22,5 millones para FOREM, de CCOO. Añade otros 11,6 millones anuales del SEPE para formar a sus cuadros en diálogo social.
El estudio recuerda, además, que en abril de 2026 CCOO y UGT reclamaron una ley que garantizase una compensación anual con cargo a los Presupuestos, protegida frente a los cambios políticos.
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