El Gobierno propone justificar los encargos directos a Tragsa con una evaluación anual tras el fallo del Supremo

El Gobierno ha sometido a consulta pública una modificación del régimen jurídico de Tragsa para que una evaluación anual de las tarifas de la empresa estatal permita considerar justificada durante todo un ejercicio la contratación directa con ella. La propuesta llega después de que el Tribunal Supremo estableciera este verano que cada encargo a un medio propio de la Administración debe justificarse de manera individual.

La sentencia cuestionó la justificación de un encargo directo a Tragsa y corrigió el criterio aplicado hasta entonces. Acreditar la condición de medio propio había bastado para contratar directamente con estas entidades, sin necesidad de una justificación específica para cada actuación.

La Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado ha emitido una recomendación que recuerda la obligación de justificar, en cada encargo, que recurrir a un medio propio es la opción más eficiente y más rentable económicamente, o acreditar razones de seguridad pública o urgencia.

Para el ciudadano, el asunto afecta a cómo se adjudican y justifican los servicios pagados con dinero público. La diferencia entre ambos mecanismos está en comprobar la conveniencia económica de cada encargo o darla por acreditada para un ejercicio mediante la evaluación de las tarifas de Tragsa.

Tecniberia, la patronal de las empresas privadas de ingeniería, sostiene que la Abogacía del Estado, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales habían aceptado acreditar una sola vez la condición de medio propio. La organización defiende que el encargo directo es una excepción y no debe convertirse en una vía ordinaria para evitar la concurrencia.

La Confederación Nacional de la Construcción, presidida por Pedro Fernández Alén, rechaza la reforma. Considera que no es un mero ajuste técnico, sino una alteración de la competencia, y sostiene que su tramitación podría ser nula. La patronal advierte de que está dispuesta a impugnar todas las encomiendas que se hagan si el cambio sale adelante.

La facturación de Tragsa ha pasado de algo más de 800 millones de euros en 2018 a superar los 2.600 millones en 2025. El Estado posee el 99% de su capital y la empresa recibe encargos tanto de la Administración estatal como de administraciones territoriales.

Fuente: abc.es · leer el original