Cataluña registró 14.219 expedientes de la renta garantizada como ilocalizables en 2025

La Generalitat clasificó como ilocalizables 14.219 expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) durante 2025, frente a los 5.039 del año anterior. El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión aplica esa categoría cuando todas las comunicaciones realizadas durante un año natural resultan fallidas, por circunstancias como una dirección incorrecta, la caducidad de la notificación o la ausencia de alguien que se haga cargo.

Los datos figuran en una respuesta a una solicitud de transparencia obtenida en exclusiva por Libre Mercado y firmada por Valentí Arroyo Peña, director general de Prestaciones Sociales. El recuento identifica expedientes únicos dentro de cada año, pero un mismo caso puede aparecer en varios ejercicios. Por ello, las cifras anuales no se pueden sumar como si correspondieran a individuos diferentes.

Entre enero y julio de 2026, el departamento registró 11.265 expedientes sin localizar. De ellos, 3.511 estaban vinculados a un NIE y 7.754 a un NIF. En 2025, los expedientes con NIE fueron 4.386, el 30,9% del total. La Generalitat señala que sus sistemas no almacenan el país de origen de los titulares.

La Administración tampoco dispone de un código específico que permita identificar las prestaciones suspendidas o extinguidas por falta de contacto. Como aproximación, agrupó cuatro causas: no responder a requerimientos, carecer de empadronamiento, salir de Cataluña y perder la residencia efectiva. Esa agrupación sumó 4.095 expedientes en 2025.

Derechos Sociales advierte de que esas causas no equivalen a estar ilocalizable. Un titular puede recibir una notificación y no entregar después la documentación solicitada; también puede perder el empadronamiento o la residencia efectiva sin que la Administración haya dejado de poder contactar con él.

La respuesta recoge, por separado, 474 liquidaciones por pagos indebidos, con un importe acumulado de 4.637.898,88 euros. Son resoluciones vinculadas al empadronamiento o a la residencia efectiva, ordenadas por el año del hecho causante. El departamento precisa que esas circunstancias tampoco permiten concluir que sus titulares estuvieran ilocalizables. El mayor importe corresponde a 2024: 174 liquidaciones por 3.644.098,75 euros.

La prestación supuso un gasto anual de 355,2 millones de euros en 2025, según el Instituto de Estadística de Cataluña. Su serie contabiliza una media mensual de 82.226 beneficiarios, incluidos miembros de las unidades familiares. Es una categoría distinta de la de titulares, que se situó en 35.184 en la nómina del 31 de julio de 2026.

Para quienes solicitan esta ayuda destinada a cubrir necesidades básicas, la Generalitat exige pedir primero el Ingreso Mínimo Vital. La concesión de la prestación estatal no excluye en todos los casos la catalana: cuando corresponde, la RGC puede complementar el IMV.

Entre los controles del departamento figuran revisiones trimestrales del empadronamiento y cruces de datos con otras administraciones para detectar cambios económicos, laborales o de residencia. Los perceptores deben comunicar modificaciones de domicilio o contacto, salidas del territorio español y cualquier variación que afecte a los requisitos de la ayuda.

Fuente: Libertad Digital · leer el original