Sánchez propone un privilegio para Tragsa

El Gobierno de Sánchez degrada el control del gasto al proponer para Tragsa una justificación anual de los encargos directos. La empresa estatal obtendría una presunción de conveniencia donde el Supremo reclama examinar cada decisión. La propiedad pública no es un certificado de eficiencia. Que el Ejecutivo controle una empresa no justifica preferirla a quienes compiten por ofrecer mejores servicios.

La reforma, sometida a consulta pública, plantea que una evaluación anual de las tarifas de Tragsa permita considerar justificados los encargos durante todo el ejercicio. Este verano, el Tribunal Supremo estableció que cada encargo a un medio propio de la Administración necesita una justificación individual. La Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado ha recordado, además, que hay que acreditar que esa vía es la más eficiente y rentable económicamente, o justificar razones de seguridad pública o urgencia.

El defecto económico es elemental. Una tarifa informa de un precio; no demuestra que Tragsa sea la mejor alternativa para una necesidad concreta. El alcance del trabajo, las condiciones de ejecución y las opciones disponibles también cuentan. Tener tarifas no equivale a comparar opciones. El Gobierno propone dar por resuelto con un dato lo que solo puede resolverse examinando el encargo. La comodidad administrativa no es interés general.

La competencia no es un premio para empresas privadas. Ninguna tiene derecho a recibir encargos públicos, pero la propiedad estatal de su rival tampoco justifica apartarlas. La competencia disciplina al proveedor. Le obliga a defender costes, calidad y plazos ante alternativas reales. Si la elección queda resuelta de antemano, esa presión se debilita. El privilegio ahorra esa incomodidad. No garantiza un mejor servicio ni una factura menor: protege al elegido del esfuerzo de justificar su ventaja.

El Supremo acierta al reclamar ese examen. El Gobierno puede reformar las normas; no por eso convierte cualquier respuesta a una sentencia en una mejora. La justificación individual permite comprobar por qué se emplean recursos públicos de una forma y no de otra. Sustituirla por una cobertura general debilitaría el control en el punto decisivo: la elección del proveedor. El gestor ganaría comodidad y el contribuyente perdería una garantía para juzgar la decisión. Sánchez responde por esa propuesta.

No hace falta expulsar a Tragsa de la contratación pública para rechazar el trato de favor que propone el Gobierno. Un encargo directo puede estar justificado; darlo por bueno antes de examinarlo invierte el orden. eldiarioLIBERAL defiende retirar la validación anual y conservar la justificación de cada encargo. La empresa estatal puede acreditar su conveniencia sin recibir una preferencia automática. La Administración compra servicios, no protege proveedores.