Ayuso y Almeida responsabilizan al Gobierno de las pérdidas tras el desalojo de Sol

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber permitido la prolongación de la acampada de la Puerta del Sol, desalojada durante la madrugada de este martes, 3 de noviembre. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde han vinculado los 38 días de ocupación con pérdidas económicas y han criticado la gestión del Ejecutivo.

Ayuso ha difundido en sus redes sociales fotografías de tiendas de campaña y enseres abandonados en la vía pública tras la intervención. La presidenta madrileña ha acusado a Sánchez de consentir la situación durante más de un mes. Con anterioridad, había cifrado en más de 25 millones de euros las pérdidas derivadas de la acampada y había advertido del perjuicio para la imagen de la plaza.

Almeida ha elevado su estimación del impacto sobre el comercio de la zona a más de 30 millones de euros y ha atribuido ese coste a la gestión del Gobierno. Las cifras expuestas por ambos dirigentes sitúan el perjuicio económico para los negocios del entorno entre los principales motivos de su reproche político.

El alcalde también ha destacado la participación de la Policía Nacional y la Policía Municipal en el desalojo y ha informado de que los servicios municipales trabajan para recuperar la normalidad en la plaza.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha sostenido que ya existían problemas de seguridad, insalubridad y daños al patrimonio que justificaban una intervención anterior. Ha atribuido la demora a intereses electorales del PSOE y ha afirmado que sus responsables tendrán que explicarla ante la Justicia.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido, por su parte, que el desalojo se adoptó como último recurso después de un proceso de actuación gradual. Según su explicación, la protesta había perdido su carácter reivindicativo inicial y había derivado en alteraciones del orden público.

El exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín también ha defendido la gestión de la protesta por considerarla legal, racional y pacífica. En sus redes sociales, ha reprochado a quienes reclamaban una intervención más contundente su falta de respeto a los derechos fundamentales.

El operativo ha afectado a las 334 personas que permanecían acampadas en Sol y ha contado con 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal. La Delegación ha informado de que se desarrolló sin disturbios ni episodios de violencia. Dos personas han sido detenidas por presuntos delitos de desobediencia y resistencia.

Fuente: Libertad Digital · leer el original