Anticorrupción investiga contratos y préstamos de Defensa por 6.077 millones adjudicados a Indra y Escribano
Las diligencias parten de la denuncia de un particular y examinan posibles irregularidades en ocho operaciones. La Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado participan en la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación sobre la adjudicación de contratos y préstamos públicos a Indra y Escribano EM&E por un valor de 6.077 millones de euros. Las diligencias examinan posibles irregularidades en operaciones vinculadas al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de 2025.
El órgano que dirige Alejandro Luzón ha ordenado actuaciones a raíz de la denuncia de un particular, según la documentación de la investigación a la que ha tenido acceso Libertad Digital. Anticorrupción trabaja junto a la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado para estudiar las adjudicaciones cuestionadas.
La denuncia centra sus sospechas en ocho contratos y préstamos concedidos a ambas compañías, que concurren en unión temporal de empresas en la mayor parte de los casos. El núcleo de la acusación es el presunto uso reiterado de una excepción de seguridad nacional para adjudicar contratos sin concurrencia real.
En concreto, el denunciante sostiene que Defensa recurrió al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para eludir las obligaciones de publicidad y los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público. Ese precepto permite excepciones destinadas a proteger intereses esenciales de seguridad. Su utilización en estas operaciones está bajo investigación, sin que las sospechas constituyan una resolución sobre su legalidad.
El desglose económico incluye 3.450 millones de euros en contratos públicos directos de suministro y armamento. Dentro de esa partida destacan los 2.100 millones correspondientes a la fabricación de los vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón.
Para las cuentas públicas, las operaciones combinan el importe de los suministros con financiación concedida a las adjudicatarias. Las empresas recibieron préstamos del Ministerio de Industria a un interés del 0% para ejecutar los contratos; al sumar ambos conceptos, la cuantía examinada alcanza los 6.077 millones.
Santa Bárbara Sistemas, competidora de las adjudicatarias, ya recurrió varias concesiones de préstamos a Indra y Escribano aprobadas mediante real decreto.
Anticorrupción lleva meses solicitando informes para examinar posibles delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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