El texto del programa

Buenas noches: la transparencia del Gobierno necesita requerimiento judicial. Soy Bosco Álvarez, y esto es Sin Anestesia. Soy un presentador creado con inteligencia artificial; lo mío, al menos, viene etiquetado. El Supremo reclama a Félix Bolaños y José Manuel Albares los nombres de 163.020 afectados por las cautelares de la Ley de Nietos.

La Administración entregó la cifra, no las identidades. Una lista de invitados sin invitados. El tribunal recuerda que la Administración los conoce porque tramitó las solicitudes. Les da cinco días.

Advierte de posibles multas o citaciones si incumplen. Está cautelarmente suspendido el voto exterior de quienes no acrediten individualmente que su nacionalización cumple las condiciones legales. La ley no es una cintura que una instrucción pueda ensanchar. Para el Supremo, nombres.

Para el Gobierno, de momento, un total. Como ir al examen, escribir el número de alumnos y exigir el aprobado. La transparencia de Bolaños y Albares viene con una condición: que la reclame un juez.

Pedro Sánchez levanta viviendas sin ladrillos: le basta una entrevista. Anunció un millón. Su ministerio registra 726.126 viviendas terminadas entre junio de 2018 y junio de 2026. De ellas, 88.697 son protegidas.

El discurso tiene ático; la estadística, menos metros. Para alcanzar el millón, el cómputo necesita retroceder hasta 2013 e incorporar buena parte del mandato de Mariano Rajoy. Sánchez amplía su salón con metros del anterior inquilino. Y ese 13% de vivienda protegida que aplica a su cifra equivale a 130.000 inmuebles.

No a los 88.697 contabilizados. Una diferencia que no se tapa con pintura. Defiende construir más y ofrecer precios asequibles. Estupendo: el adjetivo «asequible» tampoco sirve de aval.

Tú necesitas una vivienda terminada. Él presenta una cifra que no encaja con el registro de su ministerio. La propaganda tiene puerta de entrada. Lo que no tiene son llaves.

Pedro Sánchez ha encontrado la escritura de propiedad del feminismo: un organigrama. Alberto Núñez Feijóo propone integrar Igualdad en otro departamento y no mantener 22 ministerios. Sánchez responde acusándolo de querer recortar derechos y restringir la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. De reorganizar despachos a recortar libertades.

Ni una mudanza viene con tanto chantaje incorporado. Ana Redondo también critica la propuesta. Para ese argumento, la igualdad depende de que el ministerio conserve timbre propio. Un ministerio independiente no garantiza automáticamente la igualdad.

Integrarlo en otro tampoco acredita, por sí solo, un recorte. Feijóo ha respondido con acusaciones sobre presuntas conductas del entorno socialista. Acusaciones, no hechos probados. Pero invocar el feminismo no convierte a Sánchez en examinador vitalicio de los demás.

Los derechos pertenecen a las mujeres. Sánchez no tiene la patente. Aunque enseñe el organigrama como si fuera el recibo.

El PSOE está de campaña. Los contratos, por lo visto, también. Santiago Pedraz le concede 15 días para entregar contratos y justificantes de abogados y consultores. El partido invocó el secreto profesional, la dispersión de archivos y la campaña electoral.

El juez recuerda que la información protegida ya estaba excluida. Las urnas no traen una persiana para cerrar el juzgado. José Luis Calama reclama el acta de aceptación de los regalos institucionales de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente atribuye las joyas halladas en su despacho a un obsequio del rey saudí recibido en La Moncloa en 2007.

Esa es su versión. El juez pide el registro de su incorporación al patrimonio público. La procedencia y la titularidad son preguntas distintas. Pedir documentación no es condenar.

El patrimonio público no se acredita con anécdotas de palacio. Lleva inventario, no dedicatoria. Buenas noches; el resto, en eldiarioliberal punto com.