Un tribunal de Oslo revoca la prisión preventiva de Marius Borg, que seguirá confinado tras el recurso fiscal

El Juzgado de Distrito de Oslo ha acordado levantar la prisión preventiva de Marius Borg Høiby. La decisión no supondrá por ahora el fin de su confinamiento: el Ministerio Público ha recurrido ante una instancia superior y Borg continuará en su domicilio mientras la resolución no sea definitiva.

La fiscal Oda Karterud sostiene que persisten tanto el riesgo de reincidencia como el de recaída en el consumo de drogas. Por ese motivo, ha presentado una apelación con solicitud de suspensión inmediata de la decisión judicial y considera necesario mantener la vigilancia sobre el condenado.

La defensa rechaza esos argumentos. Su abogado, Alexander Greaker, ha afirmado que no existe fundamento para prolongar la detención y que la situación tiene sobre la vida de su cliente un impacto mayor del que ha trascendido públicamente. Borg también ha negado reiteradamente que exista peligro de volver a delinquir o consumir drogas.

La vista de apelación está fijada para el próximo 9 de febrero. Los abogados de Borg prevén aportar nuevos testimonios sobre lo ocurrido durante los meses anteriores.

Høiby se encontraba bajo custodia desde febrero. Durante el verano se le permitió sustituir la estancia en prisión por un arresto domiciliario con tobillera telemática en una vivienda de la finca de Skaugum. Las salidas del recinto han estado sujetas a autorizaciones oficiales. El servicio penitenciario no ha remitido a la policía informes de incumplimiento de las condiciones impuestas.

Borg, de 29 años y sin funciones institucionales en la Casa Real noruega, fue condenado en junio a cuatro años de prisión al ser declarado culpable de 34 de los 39 cargos que se le imputaban.

La sentencia incluyó dos delitos de agresión sexual calificados de violación, maltrato físico y psicológico continuado hacia una expareja, amenazas coercitivas, quebrantamientos de órdenes de alejamiento, posesión ilícita de estupefacientes y faltas graves contra la seguridad vial.

El fallo estableció además una indemnización de 640.000 coronas, unos 58.000 euros, para cuatro de las víctimas reconocidas en el procedimiento.

Fuente: Libertad Digital · leer el original