Un informe identifica a más de cien médicos chinos en activo vinculados a estudios sobre posibles extracciones letales de órganos

Más de un centenar de médicos vinculados a publicaciones científicas sobre posibles extracciones letales de órganos continuaban en activo entre 2020 y 2025 en China, según una investigación de la Coalición Internacional para Poner Fin al Abuso de Trasplantes en China (ETAC). La organización, con sede en Australia, los sitúa en 40 hospitales de 16 provincias y municipios chinos.

Sarah Cook, autora del informe, señala que entre esos profesionales figuran profesores universitarios, jefes de servicio y directores de centros de trasplantes. Su investigación examina las trayectorias de los firmantes, pero no establece responsabilidades individuales: Cook reconoce que la autoría de un artículo no permite determinar quién participó personalmente en las extracciones descritas.

El punto de partida es un estudio publicado en 2022 en el American Journal of Transplantation por Matthew Robertson, investigador de la Universidad Nacional Australiana, y Jacob Lavee, cirujano cardíaco israelí. Tras revisar miles de trabajos médicos chinos, identificaron 71 artículos publicados entre 1980 y 2015, procedentes de 56 hospitales, con descripciones que consideraron incompatibles con los protocolos internacionales para certificar la muerte cerebral.

Según Robertson y Lavee, la extracción de órganos vitales podría haber causado la muerte de los donantes en las operaciones descritas. Su análisis cuestionaba el momento en que se había certificado el fallecimiento: varios trabajos relataban que la intubación para proporcionar oxígeno se realizó cuando la intervención ya había comenzado.

Uno de los artículos, publicado en 1995 por especialistas de Wuhan, describía que los médicos encontraron un corazón que aún latía débilmente al abrir el pecho del donante y solo entonces lo intubaron y ventilaron. Otro trabajo, de 2005, relataba intervenciones con cinco donantes jóvenes, todos varones, intubados después de la supuesta declaración de muerte cerebral.

Cook plantea que, además de esclarecer la intervención de cada profesional, debe investigarse cómo esos procedimientos quedaron documentados y circularon durante años entre hospitales y especialistas sin desembocar en investigaciones públicas conocidas. También cuestiona la independencia de la supervisión del sistema: según sus pesquisas, los organismos presentados como independientes están dominados por el Partido Comunista y por funcionarios sujetos a sus mecanismos de disciplina y confidencialidad.

Las autoridades chinas reconocieron durante décadas que una parte fundamental de los órganos para trasplantes procedía de presos condenados a muerte. En 2021, expertos de la ONU expresaron su alarma ante informaciones que consideraban creíbles sobre análisis de sangre y exploraciones de órganos sin consentimiento a reclusos de minorías religiosas y étnicas, especialmente uigures.

Pekín sostiene que ha reformado profundamente su sistema. En 2015 anunció que dejaría de utilizar órganos de presos ejecutados y que las donaciones voluntarias serían la única fuente autorizada. Desde mayo de 2024 está vigente una regulación que reforzó las exigencias de consentimiento, los mecanismos de supervisión y las sanciones por irregularidades.

Fuente: elmundo.es · leer el original