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Economía

Marruecos abre una investigación antidumping sobre la salsa de tomate española

El expediente podría desembocar en nuevos aranceles y excluye al kétchup. Los productores, exportadores e importadores afectados tienen hasta el 18 de diciembre para presentar alegaciones.

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El comercio agroalimentario entre España y Marruecos suma un nuevo foco de tensión.
El comercio agroalimentario entre España y Marruecos suma un nuevo foco de tensión. Pexels/CC0/Towfiqu barbhuiya. Fotografía de contexto. Fecha de toma no facilitada por la fuente.

El Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos inició el 12 de noviembre una investigación antidumping sobre las importaciones de salsa de tomate española. La apertura responde a una denuncia de los fabricantes marroquíes, que sostienen que estos productos llegan a precios inferiores a los locales y acusan a los exportadores españoles de competencia mediante precios artificialmente bajos.

La denuncia fue presentada por la Federación de Industrias de Conservas de Productos Agrícolas de Marruecos (FICOPAM), en representación de Vinaigrerie Moutarderie du Maroc, Agro Juice Processing y Les Conserves de Meknès. Las tres compañías concentran el 90% de la producción marroquí de salsa de tomate.

Los fabricantes alegan que las importaciones españolas han aumentado desde 2023. El Ministerio considera que la documentación presentada contiene indicios suficientes para investigar y señala que el margen de dumping alegado supera el umbral mínimo del 2%. La apertura del expediente no supone que la práctica denunciada haya quedado acreditada.

El procedimiento afecta a las salsas de tomate listas para consumir, tanto líquidas como semilíquidas. El kétchup queda expresamente fuera de la investigación.

Según el aviso público del Ministerio, el expediente debe determinar si las salsas españolas se venden a precios de dumping y si las importaciones han generado una amenaza de perjuicio importante para la industria nacional. La investigación abarcará a productores y exportadores españoles, importadores marroquíes, fabricantes nacionales y demás partes interesadas.

Para las empresas españolas que venden este producto en Marruecos, una eventual imposición de aranceles supondría un coste adicional de acceso a ese mercado. Esa consecuencia depende del resultado de la investigación: el inicio del procedimiento no establece por sí mismo un nuevo gravamen.

Los productores, exportadores e importadores afectados podrán aportar alegaciones y documentación hasta el 18 de diciembre. El plazo inicial del procedimiento es de doce meses, ampliable hasta dieciocho.

Las autoridades marroquíes también podrían adoptar medidas provisionales antes de la resolución definitiva si encuentran indicios suficientes durante la investigación.

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Fuente: Libertad Digital · leer el original

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