Los antidisturbios bloquean el acceso a los dirigentes suspendidos del Constitucional polaco

La Policía y agentes antidisturbios se desplegaron en la sede del Tribunal Constitucional de Polonia, en Varsovia, para impedir la entrada de su presidente, Bogdan Swieczkowski, y su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski, después de que la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunciara su suspensión inmediata. La intervención, solicitada por la magistrada, desembocó en tumultos y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, manifestantes y diputados del partido opositor Ley y Justicia (PiS).

El dispositivo se estableció el viernes por la noche, antes de que la crisis institucional marcara este sábado 31 de octubre. Decenas de antidisturbios impidieron también el acceso al recinto a seguidores del PiS, concentrados ante el edificio en apoyo a los jueces y contra el Gobierno centrista de Donald Tusk.

El presidente de la República, Karol Nawrocki, interrumpió un viaje oficial hacia Senegal y regresó de urgencia a la capital polaca. Pasada la medianoche, entró en el tribunal acompañado por el primer presidente del Tribunal Supremo. Desde el interior, denunció lo que considera una vulneración del orden constitucional y una toma por la fuerza de una institución del Estado. También convocó a las fuerzas parlamentarias a consultas urgentes.

La cuenta oficial del Constitucional calificó la intervención de golpe de Estado y sostuvo que Swieczkowski seguía en funciones. Asimismo, rechazó que Korwin-Piotrowska pudiera asumir la presidencia interina, con el argumento de que no había prestado juramento ante el jefe del Estado. El ministro de Justicia y fiscal general, por su parte, anunció que había solicitado el levantamiento de la inmunidad del presidente y del vicepresidente del tribunal.

Tusk defendió que los jueces habían sido elegidos conforme a la Constitución y acusó a Nawrocki de incumplir su obligación constitucional. El primer ministro respaldó la intervención y presentó la recuperación del Estado de derecho como un deber de su Ejecutivo. La oposición nacional-conservadora considera ilegal la actuación del Ministerio de Justicia.

El enfrentamiento tiene como antecedente la reforma judicial impulsada por los gobiernos del PiS entre 2015 y 2023, cuando el Constitucional incorporó jueces afines a esa formación. La Comisión Europea activó entonces el procedimiento del artículo 7 por el riesgo de una vulneración grave del Estado de derecho. Bruselas cerró ese expediente en mayo de 2024 tras los compromisos del nuevo Gobierno, pero el bloqueo entre el Ejecutivo y la Presidencia ha impedido una renovación pactada de los magistrados.

Fuente: elmundo.es · leer el original