La Transición se honra limitando el poder, no invocando consensos
El legado liberal de la reforma política no consiste en exigir concordia a los ciudadanos, sino en garantizar que ningún gobernante pueda convertir su victoria en un derecho de propiedad sobre las instituciones.
La mejor manera de honrar la Transición es limitar a quienes mandan, no pedir a quienes discrepan que rebajen sus diferencias. La democracia no necesita ciudadanos reconciliados en cada sobremesa. Necesita gobernantes que puedan ser sustituidos y derechos que no dependan de su benevolencia. El poder debe tener salida.
En noviembre de 1976, las Cortes franquistas comenzaron a debatir la Ley para la Reforma Política, elaborada por Torcuato Fernández-Miranda de acuerdo con el rey Juan Carlos y ejecutada por Adolfo Suárez. Sus cinco artículos abrían el camino a representantes elegidos por sufragio universal y a la inviolabilidad de los derechos fundamentales. Miguel Primo de Rivera defendió la reforma ante los procuradores y Fernando Suárez sostuvo el derecho del adversario a proponer su proyecto y acceder pacíficamente al poder. Las elecciones libres llegaron en 1977.
Lo decisivo de aquella operación no fue que sus protagonistas aprendieran a apreciarse. Fue que aceptaron sustituir un régimen personal por reglas que permitían elegir a otros. Esa diferencia importa. La concordia puede favorecer la libertad; no puede convertirse en una condición para ejercerla.
Por eso conviene desconfiar de la nostalgia que presenta el consenso como una virtud suficiente. Un acuerdo entre partidos puede proteger una institución frente a la mayoría del momento. También puede servir para repartírsela. El número de firmas no convierte una ocupación partidista en independencia. Pactar no absuelve.
Las mayorías cualificadas tienen sentido como freno a la apropiación del Estado. Su valor no reside en obligar a escenificar una amistad, sino en dificultar que el ganador decida sin límites. Cuando el acuerdo termina en un reparto de obediencias, se conserva la ceremonia y se pierde la garantía. Consenso no equivale a control.
Tampoco basta proclamarse heredero de la Transición. Esa credencial debe medirse por lo que cada partido acepta no controlar cuando gobierna. La prueba liberal llega cuando una institución independiente incomoda al propio bando, no cuando confirma sus preferencias.
Los ciudadanos no deben concordia al Gobierno. El Gobierno les debe límites. Ese es un homenaje a la Transición bastante más exigente que invocar su nombre.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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