La presidencia del BCE no debe negociarse como un seguro para la deuda francesa

La elección del próximo presidente del BCE debe proteger la independencia monetaria, no asegurar a los gobiernos un trato cómodo para su deuda. Que un candidato resulte aceptable para París y Berlín es una condición política útil. Que su utilidad consista en tranquilizar a ambos sobre sus respectivos intereses sería otra cosa. El consenso no concede inmunidad fiscal.

Pablo Hernández de Cos, director gerente del Banco Internacional de Pagos y exgobernador del Banco de España, parte como favorito frente al neerlandés Klaas Knot. Cuenta con el respaldo de PSOE y PP, mientras Friedrich Merz sitúa el acuerdo a pocos días, aunque advierte de que las conversaciones siguen abiertas. La negociación abarca también las vacantes de Isabel Schnabel y Philip Lane. Francia y Alemania buscan conservar su presencia en el comité ejecutivo, en un momento de presión sobre la deuda francesa. Banqueros centrales y analistas coinciden, no obstante, en que Francia ni necesita ahora un rescate ni cumple las condiciones para recibirlo.

Ese último matiz es decisivo. No hace falta inventar un rescate inminente para advertir del riesgo de seleccionar al árbitro pensando en el próximo apuro del jugador. La estabilidad financiera forma parte de las responsabilidades del BCE. La comodidad financiera de un gobierno, no. Confundirlas convierte una herramienta excepcional de protección monetaria en una expectativa permanente de auxilio.

Tampoco sería razonable exigir un presidente hostil a cualquier intervención. La independencia no consiste en cruzarse de brazos cuando las primas de riesgo amenazan la estabilidad de precios. Consiste en decidir por ese motivo, y no porque el gobierno afectado haya contribuido al nombramiento. Importa el criterio, no la dureza.

El reparto de puestos ofrece otra tentación: presentar un economista jefe alemán como contrapeso de una presidencia aceptable para Francia. Puede facilitar el acuerdo. Pero el comité ejecutivo no debería funcionar como una junta de embajadores monetarios. Sus miembros han de discutir sobre precios y estabilidad, no administrar cuotas nacionales de severidad o indulgencia.

Hernández de Cos dispone de un perfil técnico y un respaldo político transversal que pueden favorecer ese propósito. Su posición exigente con el gasto público tampoco permite presumir complacencia. Precisamente por eso, su candidatura merece defenderse por su capacidad para actuar con autonomía, no como una alternativa menos incómoda para determinados deudores. España ganaría poco con una presidencia española hipotecada a sus patrocinadores.

Los gobiernos pueden pactar el nombramiento. No deben comprar con él un seguro.

Fuente: elpais.com · leer el original