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Interior desaconseja el gas pimienta para el control de masas 28 días después de incorporarlo al protocolo

La nueva instrucción de la Policía Nacional mantiene excepciones ante circunstancias justificadas o peligro inminente y grave. Los sindicatos reclaman criterios técnicos y garantías escritas para los agentes.

eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

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Primer plano lateral de material policial genérico sobre una mesa de equipamiento: un aerosol de defensa personal sin marca, guantes y un casco de protección, en un almacén institucional iluminado con luz blanca, sin personas ni documentos legibles.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

El Ministerio del Interior ha modificado este lunes, 16 de noviembre, el protocolo de uso del aerosol de defensa personal de la Policía Nacional. La nueva redacción elimina la referencia expresa al MK9, un dispositivo de gas pimienta, como medio de orden público e incorpora el control de masas entre las actuaciones en las que su empleo queda desaconsejado con carácter general.

El cambio no supone una prohibición absoluta: el texto contempla excepciones ante circunstancias justificadas o peligro inminente y grave. Interior también ha diferenciado este aerosol de los artificios ATL, que pueden seguir utilizándose en dispositivos de orden público. La modificación, por tanto, no retira todos los medios lacrimógenos disponibles.

El protocolo anterior, aprobado el 19 de octubre, había incorporado el MK9 como dispositivo destinado al orden público. La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que los mismos mandos que suscribieron aquel documento han firmado la rectificación 28 días después. El sindicato cuestiona que Interior cambie de criterio sin explicar qué circunstancias técnicas han variado.

La decisión afecta además a un material para cuya compra Interior había justificado recientemente un desembolso público. El CEP señala un contrato de adquisición de 790 sprays MK9 por 71.656,20 euros, IVA incluido, que sigue figurando en el Portal de Contratación del Estado. Según el sindicato, el pliego técnico redactado en abril justificaba su empleo para restablecer el orden público, y la memoria de junio defendía su idoneidad para las Unidades de Intervención Policial y las Unidades de Prevención y Reacción.

El CEP reclama que las instrucciones se apoyen en informes profesionales, criterios técnicos y responsabilidades definidas. No rechaza las investigaciones ni los controles sobre el uso de la fuerza, pero sostiene que los cambios sin una explicación operativa generan dudas a los agentes cuando deben intervenir ante episodios violentos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó el pasado jueves un requerimiento ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía para conocer el alcance de las restricciones, sus excepciones y los medios alternativos. Un día después acudió a la Fiscalía General del Estado para que examine sus consecuencias sobre la seguridad y la salud de los funcionarios. También solicita una evaluación de riesgos laborales, formación y la paralización de las restricciones mientras no se aclaren sus efectos.

La modificación llega tras las intervenciones policiales durante la huelga general del 11 de noviembre, en las que se empleó gas pimienta. Las investigaciones internas sobre esas actuaciones siguen abiertas. Interior ha defendido que debe examinarse la proporcionalidad del uso de la fuerza.

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Fuente: Libertad Digital · leer el original

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