El Parlamento de Uganda cuestiona pagos de un proyecto ferroviario financiado por España con 26 millones

El Parlamento de Uganda aprobó en septiembre de 2026 las conclusiones de una investigación que cuestiona los gastos de asistencia técnica de un proyecto ferroviario respaldado con créditos públicos españoles. La Comisión de Infraestructuras Físicas detectó diferencias entre los costes contractuales de los expertos y sus remuneraciones, además de desplazamientos y actividades formativas cuya realización puso en duda.

El Consejo de Ministros autorizó el 23 de febrero de 2021 dos créditos por un total de 25.984.100 euros: 16.864.000 para las obras y 9.120.100 para consultoría. La compañía estatal Uganda Railways Corporation (URC) había adjudicado la rehabilitación a Imathia en junio de 2020, por 19,84 millones de euros. Consultrans intervenía en los trabajos preparatorios y de asistencia técnica.

La financiación procede del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que concede créditos a compradores extranjeros para contratar empresas españolas. Se trata de recursos públicos prestados, no de una subvención: Uganda contrae la deuda y debe devolver el capital.

Ambas empresas están presididas por Julián García Valverde, que dirigió Renfe y fue ministro de Sanidad con Felipe González. El proyecto rehabilitó el tramo entre Kampala y Mukono, parte del corredor que conecta Uganda con Kenia y el puerto de Mombasa.

Según la comisión parlamentaria, de los 4,82 millones de euros presupuestados para expertos y formación, 4,33 millones estaban asignados a cinco puestos técnicos. Algunos tenían costes contractuales de hasta 32.500 euros mensuales. Los diputados sostienen que empleados ugandeses de la propia URC figuraban como expertos extranjeros mientras seguían percibiendo sus remuneraciones locales.

Dos trabajadores, Saul Tukashaba y Kiiza Pascazia, declararon que cobraban aproximadamente 1.500 euros mensuales, frente a los 20.500 euros al mes consignados para cada puesto. La comisión también cuestionó que solo tres de los cinco especialistas previstos ocuparan sus plazas y que hubiera sustituciones sin autorización de URC.

Los diputados identificaron además dos partidas de 39.750 euros para viajes desde España que, según sus conclusiones, no se realizaron en los términos previstos. De seis talleres presupuestados por 36.000 euros, URC únicamente pudo presentar documentación de dos, celebrados en Kampala en julio de 2022.

URC sostiene que los importes examinados correspondían al coste de un contrato de asistencia técnica de tres años, con personal, viajes, formación y otros gastos, y no exclusivamente a cinco salarios. El ingeniero Moris Thibenda negó haber recibido 864.000 euros o una cantidad similar, rechazó haberse presentado falsamente como experto extranjero y aseguró que viajó a España con una delegación oficial en noviembre de 2022.

Las acusaciones sobre los pagos y la clasificación de trabajadores siguen pendientes de una comprobación contable que determine quién recibió cada cantidad y qué servicios prestó.

Una auditoría técnica anterior también había cuestionado la ejecución. En su informe de diciembre de 2024, el Auditor General, Edward Akol, recogió traviesas agrietadas, raíles sin apoyo y problemas de drenaje. Cuestionó unos 2,4 millones de euros por pasos a nivel y balasto que no cumplían las especificaciones, y otros 1,2 millones por diferencias entre obra certificada y verificada. Recomendó recuperar dinero del contratista.

Las inspecciones se realizaron antes de la entrega definitiva. El Ministerio de Finanzas ugandés confirmó que las obras terminaron el 29 de agosto de 2024, con el correspondiente certificado de finalización y dentro del periodo contractual de responsabilidad por defectos.

Imathia sostiene en una publicación corporativa de este año que completó satisfactoriamente la rehabilitación de los 26,8 kilómetros. La línea reanudó el servicio y URC amplió las frecuencias de pasajeros entre Kampala y Mukono en agosto de 2026.

Fuente: elmundo.es · leer el original